El trabajo analizó 1.356.641 tweets en torno a los derechos Lgtbi entre los pasados 17 de junio, fecha en que Vox desplegó una campaña con el colectivo, y 20 de julio.

La muestra concluye que, del total de mensajes emitidos, un 86% eran de apoyo y un 14% de odio, dirigidos especialmente contra las personas trans. En este último caso, se han encontrado dos subcomunidades emisoras: la feminista ‘transexcluyente’ y la de extrema derecha, “presentando ambas mucha cercanía e indicios de contener cantidades significativas de cuentas fraudulentas”.

En ese sentido, el número de cuentas con nombres de perfil ficticios (no registrados en el INE) es mayor entre las feministas ‘transexcluyentes’ y las personas de extrema derecha que en la muestra aleatoria utilizada como referencia de comparación.

La comunidad de extrema derecha (7,4%) y la feminista ‘transexcluyentes’ (4,6%) presentan una proporción de cuentas matrícula (aquellas que no han modificado el ‘screen name’ que les otorgó aleatoriamente Twitter cuando fueron creadas) significativamente mayor de lo habitual en Twitter (1,9%).

El estudio muestra que 2021 fue el año en ambas subcomunidades llegaron a Twitter a un ritmo muy superior a la creación de creación en esta red social, sugiriendo que “la tan reciente creación de muchos de estos perfiles puede ser un indicativo adicional de una importante presencia de cuentas profesionales, ‘bots’ y, en definitiva, de algún tipo de campaña dirigida”.

Ante esta situación, el secretario de Organización de la Felgtbi+, Ignacio Paredero, explicó que “los datos apuntan a que se trata de estrategias organizadas para estigmatizar y humillar a las personas Lgtbi+ que, además, Twitter permite con total impunidad”.

Añadió que actualmente “no existe en esta red social ningún tipo de herramienta de control de ‘bots’, lo que deja a las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad completamente expuestas e indefensas ante posibles campañas de señalamiento”.

Por ello, la presidenta de la Felgtbi+, Uge Sangil, reiteró la necesidad de poner en marcha “un pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad que incluya medidas para la prevención y la erradicación del odio en las redes sociales”.