En el arranque del juicio, las partes expusieron sus cuestiones previas durante las cuales la decena de acusados coincidió en pedir la nulidad de la vista. El abogado del exministro, Jesús Mandri, insistió en que la llamada ‘operación Kitchen' nada tiene que ver con el ‘caso Villarejo’, durante cuya investigación se descubrieron indicios de la supuesta ‘guerra sucia’ patrocinada desde Interior, por lo que los hechos, sostiene, deberían ser enjuiciados en la Audiencia Provincial de Madrid.

También la abogada Gloria de Pascual, que representa al PSOE como acusación popular, pidió que no se celebre el juicio. En su caso, los argumentos fueron muy distintos: ella solicita que el tribunal llame al Partido Popular como partícipe a título lucrativo y que la que fuera secretaria general de la formación María Dolores de Cospedal se siente en el banquillo de los acusados.

En su intervención, el abogado de Fernández Díaz insistió en su tesis por considerar que la Audiencia Nacional está juzgando “delitos que exceden y desbordan del relato de los límites fácticos” .

Por su parte, el defensor de Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy, también pidió la nulidad de la vista y de las grabaciones que sustentan la acusación. Además, denunció “indefensión” porque las siete declaraciones del excomisario Enrique García Cataño se produjeron mientras la causa estaba bajo secreto de sumario, por lo que la defensa de Martínez no pudo interrogarlo.

Denunció, igualmente, que los investigadores de esta causa hicieron una “selección” de todas las grabaciones hechas al comisario jubilado José Manuel Villarejo, aportando a la causa sólo “diez archivos” para cuya elección se desconocen los “criterios” aplicados y cuya obtención fue “ilícita”, por lo que reclamó su nulidad.

DAO DE LA POLICÍA

Similares argumentos fueron expuestos por los representantes legales de los comisarios acusados en este juicio que se adhirieron a la petición de nulidad. El abogado del exdirector adjunto de la Policía Nacional (DAO) Eugenio Pino suscribió “todas y cada una de las palabras” de los dos letrados que le precedieron.

En nombre de Villarejo, su defensa insistió en que en su caso se ha producido una “vulneración del derecho de defensa por la prolongación del secreto” y del “derecho a un juicio con todas las garantías por la acusación sorpresiva que se produce tras el auto de transformación a procedimiento abreviado en los escritos de acusación”.

Aseguró también que en esta causa “no hay ningún punto de conexión" con los hechos que se investigaban en el 'caso Tándem', que es la causa principal en la que se investigan las actividades presuntamente ilícitas de Villarejo.

El abogado de Marcelino Martín Blas, comisario jubilado y exjefe de asuntos internos, reclamó igualmente la nulidad porque “en los escritos de conclusiones provisionales, en ningún lugar se hace mención a los delitos ni a qué personas han encubierto mi mandante ni el resto de acusados”.

Además, denunció la “indefensión” que supone la incomparecencia de Enrique García Castaño, que por motivos de salud esta eximido de acudir al juicio. “Tras haber declarado siete veces bajo secreto de sumario, introducir ahora esos testimonios sin posibilidad de someterlos a contradicción vulnera el derecho al interrogatorio, siendo quien ha introducido el material probatorio y reconocido algunos hechos, resulta inadmisible”.

La abogada de Andrés Manuel Gómez Gordo, comisario y exalto cargo de del Gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha, mantuvo también la línea argumental del resto de abogados defensores, apelando de nuevo a la “falta de competencia de la Audiencia Nacional”.

Por su parte, la defensa de Sergio Ríos Esgueva, que fue conductor de la familia Bárcenas y fue presuntamente captado por la trama como informante, aseguró que este caso se inició como un “montaje” de la Fiscalía “muy tosco”. A su entender la investigación se inició a partir de una denuncia “falsa” de carácter anónimo y la Audiencia Nacional no es competente para juzgarlo, además de insistir en que la prueba se consiguió de manera ilícita.

El abogado de José Luis Olivera Serrano, que fue jefe de la UDEF de la Policía Nacional y después estuvo al frente del Citco, compartió los argumentos del resto de defensores y añadió que va a “solicitar la expulsión de los escritos de acusación de las acusaciones populares, particular y de la Abogacía del Estado por ser extemporáneamente presentados”.