‘¿Dónde poner los límites a la fiscalidad del patrimonio y su transmisión empresarial y personal?’ fue el título del panel de debate en el que han participado cinco expertos, presentado por José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de la Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado. Martínez Sanchiz reconoció que es un tema esencial para familias, consumidores y empresas en el que hay que seguir arrojando luz. Una legislación más clara, homogénea, y actualizada que no penalice el ahorro y favorezca la inversión, especialmente en las pequeñas empresas, ha sido el denominador común que han mantenido Carmen Jover, vicepresidenta del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE); Luis Aribayos, secretario general de Cepyme; Fernando Fernández, economista y profesor, además de Javier Máximo Juárez, notario y moderador. Manuel Pardos, presidente de Aicae, coincidió en la necesidad de su reforma.

Carmen Jover expuso el diverso panorama autonómico de la fiscalidad en sucesiones, donaciones y patrimonio, temas que REAF-CGE viene estudiando a lo largo de los años.

Con respecto a este último apuntó la gran diferencia entre su recaudación (1.300 millones en toda España en 2019) frente a la que suponen el impuesto de la Renta o el IVA, “con unos ingresos con unos ingresos de 80.000 y 70.000 millones, respectivamente”.

“Estos impuestos precisan una regulación más clara, homogénea y estricta; unas reglas generales que eviten ir caso por caso. Además, son muy antiguos; incluso recogen términos como el del ajuar, y deben actualizarse”, manifestó.

Fernando Fernández inició su exposición describiendo las razones que justifican la creación un impuesto. “Financiar bienes y gasto público; estabilizar la macroeconomía y contribuir a la justicia social”, dijo.

Sin embargo, según el ponente, en España algunos tributos no responden a esas necesidades y señaló que “el Impuesto sobre Patrimonio no tiene justificación teórica, al ser una renta ya gravada. Es una anomalía, ya se tributa por ser propietario de una vivienda o con la contribución urbana y rústica del IBI".

Con respecto a Sucesiones y Donaciones considera que impiden el ahorro y asegura que “necesitamos un ahorro que permita la inversión y hacer frente a la cifra histórica de deuda actual”.

El profesor Fernández señaló que “la legislación fiscal va muy por detrás de la realidad social. “Hay un modelo de familia implícito que la legislación favorece y en el que se detectan irregularidades, como en el caso de las legítimas y la penalización de los herederos colaterales”, dijo.

El secretario general de Cepyme realizó una foto fija del sector empresarial español y abogó por conocer esta realidad antes de legislar, donde el 99,8% de las empresas son pymes y sólo hay 5.100 que no lo sean.

Desde el conocimiento de que la mitad de las empresas desaparecen en los tres primeros años de vida, manifestó que “no podemos perder tejido productivo por un impuesto; a medida que aumenta la vida de las empresas aumentan sus posibilidades de crecer”.

El representante de Cepyme hizo hincapié en una paradoja, ya que indicó que “España es el país con mayor caída en su entorno del PIB y cuenta con una deuda récord, pero la recaudación tributaria es un 5% mayor.

A Adicae le preocupan aspectos como el del laberinto autonómico que supone una discriminación por imposiciones tan diferentes; o la falta de capacidad para manejar instrumentos de disminución de impuestos.

"Los consumidores están peor pertrechados en cuanto a información, por lo que solicitamos la colaboración del Notariado en esta labor -como hemos hecho en otras ocasiones- para que la crisis no afecte como ocurrió en momentos anteriores. Nos interesa esa protección preventiva de los usuarios de los servicios financieros, algo de lo que los notarios saben mucho”, apuntó. Manuel Pardos aludió a la justicia social de los impuestos y se mostró partidario por su reforma, pero no por su eliminación.

El notario de Valencia Javier Máximo Juárez enumeró algunas de las principales preocupaciones que le transmiten las personas y empresas que acuden a su notaría.

“Les llama la atención tal disparidad tributaria. También se interesan, al ser una zona turística, por la tributación de los no residentes, algo, resuelto ya por la jurisprudencia de la UE, pero que siempre es fuente de problemas. Otra de las que más escucho es: ¿Por qué si el fallecido ha generado un patrimonio y satisfecho plusvalía, IVA, IRPF o ITP… tienen los parientes próximos que liquidar sucesiones?”, expuso.