Esos expertos son Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Francesca Albanese, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967; Ben Saul, relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; y Reem Alsalem, relatora especial sobre la violencia contra mujeres y niñas, sus causas y consecuencias.

"Condenamos la adopción de esta ley por parte de la Knéset y pedimos su derogación inmediata. Esta ley marca una grave escalada en la opresión discriminatoria de Israel contra los palestinos”, apuntaron los expertos en un comunicado conjunto.

Los relatores especiales indicaron que “un régimen de pena de muerte que es discriminatorio en propósito, diseño o efecto es incompatible con los derechos a la vida y a la igualdad ante la ley”.

Otros aspectos de la legislación israelí, incluidos los juicios militares a civiles, las violaciones sistémicas del debido proceso y la ejecución por ahorcamiento, la hacen incompatible con la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, según los expertos.

"Al reintroducir la pena capital en un sistema que solo apunta a palestinos, a pesar de la abolición previa de la pena de muerte por asesinato por parte de Israel y su moratoria de facto de larga data sobre las ejecuciones, esta ley institucionaliza la privación arbitraria y discriminatoria de la vida", apuntaron los relatores especiales.

SISTEMA LEGAL DUAL

La legislación israelí preserva e intensifica un sistema legal dual bajo el cual los palestinos en Cisjordania ocupada están sujetos a la ley militar, los tribunales militares y a la disminución de garantías de debido proceso, mientras que los colonos israelíes no lo están.

"Una ley que efectivamente señala a los palestinos para la ejecución transmite que las vidas palestinas son menos dignas de protección legal", recalcaron los expertos.

Los relatores especiales recalcaron que, “en el contexto de la ocupación ilegal y un sistema más amplio de segregación racial y apartheid, detención arbitraria, tortura, muertes bajo custodia y asesinatos ilegales, la promulgación de una amenaza oficial de ejecución es en sí misma una forma de trato cruel, inhumano y degradante, y aumenta el riesgo de privación arbitraria de la vida”.

Los expertos señalaron el contexto legal e institucional más amplio, después de que la Corte Internacional de Justicia determinara que la legislación y las medidas israelíes en el territorio palestino ocupado violaban la prohibición de la segregación racial y el apartheid.

"Un sistema de pena capital impuesto a los palestinos dentro de ese régimen más amplio de dominación, separación y subyugación discriminatoria no puede ser legalizado mediante salvaguardas formales ni una discreción judicial nominal", indicaron, antes de agregar: "Un régimen de pena de muerte aplicado a los palestinos no puede cumplir los requisitos de no discriminación, estricta legalidad y juicio justo según el derecho internacional”.

Por ello, los expertos instaron al Tribunal Supremo israelí que “invalide” y “sin demora” esa legislación “manifiestamente ilegal”, “antes de que provoque un daño irreversible y refuerce aún más la discriminación, la arbitrariedad y los castigos crueles, inhumanos o degradantes contra los palestinos”.