En su análisis, publicado en el último Boletín de Información Comercial Española, los profesores del Departamentode Hacienda Pública de la Complutense Maria Teresa López y Alfonso Utrilla, destacan especialmente el descenso del gasto público en investigación, promoción del empleo e infraestructuras.

El gasto en investigación disminuye un 3,7 por ciento y se sitúa en 201.481 millones de pesetas; el de promoción de empleo lo hace en un 4,6 por cien y se coloca en 305.283 millones; y el de infraestructuras cae un 18,6 por cien, hasta los 778.855 millones.

A su juicio, la asignación de prioridades que ponen de anifiesto estos recortes "no parecen estar en consonancia con el objetivo manifestado de mejorar la competitividad de la economía a través del gasto público en infraestructuras".

Otro elemento preocupante es, en su opinión, la elevada dimensión alcanzada por el servicio de la deuda pública, que ascenderá a 3.490.900 millones de pesetas, con un incremento del 34,1 por ciento en relación a 1991.

Los expertos de la Complutense recalcan también que los gastos de intervención del Estado en la economíase reducen este año un 4,8 por ciento, al situarse en 2.290.552 millones de pesetas, con descensos en varias partidas e incrementos mínimos en otras, como la política industria y energética, que crece un 0,9 por cien.

Recalcan asimismo que cinco políticas (pensiones, deuda pública, asistencia al desempleo y prestaciones sociales, sanidad y financiación de las Administraciones territoriales) absorben el 70,5 por ciento del gasto presupuestado para 1992.

Como consecuencia, se reduce el margen de maiobra de los gestores del gasto público, "cuestionando la flexibilidad del instrumento presupuestario para adaptarse a los requerimientos de la política económica".

NO RESUELVE LOS DESEQUILIBRIOS

Por su parte, los profesores de Política Económica de la Universidad de Barcelona Alejandro Estruch Manjón, Rosa Nonell y Montserrat Termes aseguran en su análisis que "este no es el presupuesto más acorde con las necesidades de la economía española".

"Su contribución nos parece claramente insuficientepara la resolución de algunos de los desequilirios que dificulta el crecimiento armónico de nuestra economía", afirman.

En su opinión es necesaria "una política industrial que defina claramente el papel de España en la división internacional del trabajo que se establecerá en el seno del mercado único europeo, y que tienda a la reconversión definitiva de los sectores sin futuro y en declive".

Entienden también que la aportación presupuestaria a la mejora de la competitividad "ha de ser necesariamete complementada con otras medidas de política económica que, actuando por el lado de la oferta, favorezcan los procesos de mejora de la productividad y de la calidad de nuestros productos".