Fernández comunicó su intención de no declarar poco después de iniciar su interrogatorio el senador del PP Gerardo Camps. En ese momento, Fernández dijo que no iba a declarar en ejercicio de sus “derechos constitucionales” y “como consecuencia de las circunstancias específicas del procedimiento judicial en que me encuentro implicado, en el cual se nos ha ordenado guardar secreto de todas las actuaciones que ahí se deliberan”.

“Sintiéndolo mucho, con absoluto respeto a la posición institucional del Senado, de esta cámara, de esta comisión y de todos ustedes, no puedo y no debo contestar las preguntas que me formulen”, afirmó.

PRÉSTAMOS IRREGULARES

La causa judicial a la que se refería el compareciente la instruye el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dio orden en diciembre pasado de detener a Fernández, a la exmilitante socialista Leire Díez y al empresario vasco Antxon Alonso.

Se les acusa de su presunta participación en un entramado de adjudicaciones públicas irregulares desde la SEPI. El procedimiento, que está bajo secreto de sumario, apunta a presuntas irregularidades en préstamos valorados en unos 132 millones de euros. Según la hipótesis de la Fiscalía Anticorrupción, los detenidos habrían utilizado sus contactos institucionales para beneficiar a determinadas mercantiles, recibiendo a cambio comisiones que rondarían los 750.000 euros.

El compareciente este jueves en el Senado presidió la SEPI de junio de 2018 hasta octubre de 2019, cuando abandonó esta responsabilidad al verse implicado en el proceso por la presunta manipulación del concurso de la mina de Aznalcóllar. La Audiencia Provincial de Sevilla lo exoneró de todos los cargos el 5 de diciembre de 2025. Apenas una semana después, los agentes de la UCO desarrollaron la operación en el que también se investiga a Leire Díez y Antxon Alonso.

Cuando en julio de 2025 acudió por primera vez al Senado, en esta ocasión a la comisión del 'caso Koldo', Fernández declinó responder a todas las preguntas invocando su derecho constitucional a guardar silencio mientras estuviese procesado en la causa de Aznalcóllar. Cerrada ya aquella vía penal con una sentencia absolutoria, los senadores del PP confían en que esta vez no pueda recurrir al mismo argumento, aunque el secreto de sumario vigente en la Audiencia Nacional podría seguir limitando el alcance de sus respuestas.