En su declaración como testigo, Gómez relató que Ábalos le pidió realizar una compra de mascarillas el 17 marzo de 2020, mientras estaba en marcha el estado de alarma. En ese momento, el subsecretario se reunió con su equipo y le acabó proponiendo al ministro que la compra se hiciera a través de Puertos del Estado y “al ministro le pareció bien”.

Para las compras de material sanitario durante la pandemia se estableció un procedimiento de emergencia y pocos días después Koldo García fue a su despacho con una oferta, la de la empresa Soluciones de Gestión. “Fue la única oferta que tuve y la que envié a Puertos del Estado”.

El ex secretario de Transportes con José Luis Ábalos insistió en que la operación de compra se realizó en un período de excepcionalidad por la pandemia y bajo las normas del procedimiento de urgencia. En cualquier caso, Gómez aseguró que la responsabilidad última de la operación fue del ministro, que fue quien firmó las órdenes. En fase de instrucción, Ábalos descargó sobre él la responsabilidad de las compras.

A lo largo del interrogatorio los abogados de Ábalos y de García aprovecharon el interrogatorio a Jesús Manuel Gómez para recordar que las mascarillas que ellos contrataron fueron de las primeras en llegar a España durante la pandemia.

Gómez fue la persona que redactó las ordenes de compra que sirvieron para que Puertos del Estado y Adif compraran mascarillas por un monto total de ocho y cinco millones de euros, respectivamente. Explicó también que fue posición del ministro que la compra de Puertos del Estado alcanzara los ocho millones y los cuatro que él quería, “por prudencia”.

Además, el ex responsable de Transportes insistió en que tanto Puertos del Estado como Adif fueron las responsables últimas de elegir la empresa suministradora, señalando que tenían plena libertad para contratar con quien decidieran. Tras un minucioso interrogatorio por parte de la defensa de Koldo García, el testigo acabó admitiendo que no hubo presiones o promesas de compensación de su parte para contratar con Soluciones de Gestión. Gómez negó también en el curso de su declaración que Koldo García le ofreciese “ventajas económicas o comisiones” a cambio de los contratos.

También declaró este martes el presidente del grupo Azvi, Manuel Contreras, quien negó haber pagado mordida alguna a cambio de contratos públicos. Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama, aseguró durante la investigación de la causa que la empresa constructora se benefició de licitaciones públicas a cambio del pago de 18.000 euros a la empresa Pilot Real Estate para el Club Natación de Sevilla, que Aldama había comprado en 2016. El testigo explicó que ese dinero fue para comprar una acción del club y que después se lo devolvieron.

Contreras rechazó las acusaciones en ese sentido y negó haber participado en la obra del tren maya en México por motivos espurios, defendiendo que las “adjudicaciones” se debieron a “nuestra experiencia de 20 años en el país, y a nuestra solvencia y capacidad técnica en la ejecución de proyectos de infraestructuras de gran envergadura”.

El testigo reconoció haber contratado a Koldo García dos años después de su salida del Ministerio de Transportes para localizar oportunidades de negocio en Sudamérica. Cobraba por ello 6.000 euros mensuales, aunque solo llegó a cobrar dos meses y medio, hasta el embargo de su sueldo por Hacienda. Además, le adelantaron 25.000 euros “por los viajes que había realizado”.