Así lo explicó la organización a través de un comunicado en el que también aseguró que el futuro pacto está “abocado al fracaso” en la consecución de sus fines explícitos, salvo que sus fines “ocultos” sean generar “oleadas de sufrimiento innecesario con el fin de desincentivar una inmigración que, en su desesperación, es imparable”.

Los reglamentos europeos son normas de aplicación directa, pero su tono y amplitud interpretativa y fijación de contenidos depende de cada uno de los países de la Unión Europea (UE) que, lo cual “casi ni ha comenzado” por parte de España y, en ocho meses, “no va a estar ni pergeñado”. Por ello, la entidad reclamó Gobierno las citadas “interpretaciones más favorables a los derechos fundamentales”.

También, pidió al Ejecutivo que, ante el “incumplimiento del pacto por la contraparte a la que se quiere satisfacer”, se ponga “manos a la obra” para “aclarar” la situación sobre la inmigración, que es “caótica” en la actualidad.

Extranjeristas en Red denunció que los contenidos del pacto son “fuertemente restrictivos” con respecto a los compromisos establecidos por la Convención Internacional sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea, llegando, en algunas ocasiones, al “conflicto directo”.

En concreto, la organización mencionó que, por ejemplo, con el pacto, se aumentaría a 24 meses el posible internamiento para la devolución de migrantes y se permitiría su externalización, lo cual es difícil de llevar a cabo, según los intentos hechos por Italia de desarrollarlo, que fueron impedidos por las normas actuales y los jueces.

También, el futuro pacto nace “viciado”, pues todos los acuerdos parten de un compromiso de cumplimiento por todas las partes, pero, en este caso, no hay voluntad de cumplirlo por parte de quienes ya manifestaron posiciones “más retrógradas” como, por ejemplo, países del Este, Polonia o Hungría.