Sevilla, en calidad de representante del Grupo Socialista en la Diputación Permanente del Congreso y diputado por Castellón, así como varios alcaldes de la citada provincia firmantes del texto, remiten a Cardenal hechos publicados y referidos a la clara utilización por parte de Carlos Fabra de su cargo de Pesidente de la Diputación de Castellón "en un claro interés y beneficio propio".

"Estos hechos en su conjunto", continúa el escrito, "parecen indicar la existencia de una presunta red de trafico de influencias, mediante la cual el Presidente de la Diputación de Castellón y del Partido Popular en esta provincia habría realizado gestiones ante distintas instituciones publicas del Estado, de modo personal o con la mediación de altos cargos del Gobierno, la Administración General del Estado, Diputados y Snadores, siempre para favorecer intereses particulares de determinadas empresas".

Los firmantes del escrito a Cardenal sostiene que el propio Fabra "parece haber reconocido percibir importantes pagos mediante varias empresas de su titularidad o de titularidad compartidas con familiares y personas de su entorno, sin aparente actividad y justificadas mediante actividades mercantiles para las cuales el Sr. Fabra no solicitó la preceptiva compatibilidad con sus cargos públicos, escapándose así obligatoriocontrol público".

A juicio de Jordi Sevilla y los otros firmantes del texto remitido al fiscal general del Estado "también se desprenden otros muchos hechos delictivos, en la mayor parte relacionado con la actividad pública o utilización de su cargo de Presidente de la Diputación de Castellón".

Sevilla y los alcaldes castellonenses señalan la necesidad de que la Fiscalía anticorrupción investigue este asunto, porque los hechos denunciados afectan a altos cargos del Estado y porque, además, "el PPha bloqueado las posibilidades de investigación en Castellón, sirviéndose de su voto mayoritario en la Diputación", concluye la notas de prensa de los socialistas.

El texto tiene seis folios, de los que cuatro corresponde al relato detallado de más de una veintena de presuntas irregularidades que están siendo investigadas por la Justicia.

En concreto, los socialistas señalan que hubo gestiones ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para conseguir las acreditaciones técnicas y licencias par fabricar y vender en España unos productos fitosanitarios en favor de unas determinadas empresas (ARCAVI, NARANJAX y ARTEMIS 2000).

Además se señala que hubo gestiones de mediación ante la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana para que otorgase a favor de NARANJAX una autorización para tratar residuos tóxicos peligrosos, "con todas las infracciones e irregularidades que se derivan y la intervención de altos cargos de la Generalitat Valenciana".