Así lo señala el Ejecutivo en respuesta a una pregunta parlamentaria de Juantxo López de Uralde, coordinador de Alianza Verde y diputado de Unidas Podemos en el Congreso, quien se interesó por datos sobre daños y costes anuales generados en la eliminación de las toallitas húmedas y si el Gobierno barajaba tomar medidas para garantizar “una adecuada y eficaz gestión de la contaminación por el uso de estos productos” teniendo en cuenta los efectos ambientales y económicos por su utilización inadecuada.

A finales del pasado enero, las lluvias dejaron al descubierto una isla de metro y medio de altura compuesta por fango, sedimentos y toallitas húmedas cerca de la Torre de Calahorra de Córdoba y en las proximidades del puente romano de esa localidad. Ese montículo debió estar formándose durante la última década con las crecidas del cauce del río.

La respuesta del Gobierno señala que el Ejecutivo, a partir de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, establecerá reglamentariamente regímenes de responsabilidad ampliada del productor para las toallitas húmedas “antes del 1 de enero de 2025, estableciendo los costes que deberán sufragar”.

Además, el Ejecutivo subraya que “se financiarán las medidas que se adopten para informar a los consumidores sobre la disponibilidad de alternativas reutilizables, los sistemas de reutilización y las opciones de gestión de residuos disponibles”, así como del impacto del abandono de basura dispersa y otras formas inadecuadas de eliminación de residuos de toallitas húmedas en el medio ambiente -en particular, en el medio marino- y su impacto en el sistema de alcantarillado si se vierten en los inodoros.