La patronal, que aglutina a una red de 2.255 concesionarios, una facturación de 53.662 millones de euros y 166.300 empleos directos, instó al Gobierno y a las principales fuerzas parlamentarias a "abrir un proceso de diálogo estructurado" que "permita alcanzar un acuerdo amplio y estable que garantice seguridad jurídica, coherencia regulatoria y un marco previsible para afrontar las inversiones que exige la nueva movilidad".

“Por fin empezamos a ver la luz al final del túnel gracias a las políticas de estímulo a la demanda”, aseguró la presidenta de la patronal, Marta Blázquez, que lamentó que la descarbonización del automóvil se haya impulsado sin acompasarse al mercado e ignorando su delicado estado de salud, ya que en los últimos cinco ejercicios España ha perdido 1,8 millones de matriculaciones, el equivalente un año y medio de ventas.

Para Blázquez, las decisiones llegan demasiadas veces a trompicones y sin medidas a la altura de lo que está en juego. "Sin el automóvil, España se para”, advirtió, a la vez que indicó la transformación del sector exige inversiones plurianuales que solo son viables con estabilidad normativa.

En este sentido, indicó que un marco previsible "reduciría la volatilidad regulatoria, reforzaría la confianza inversora y enviaría una señal clara en un contexto europeo en el que los principales países competidores están articulando estrategias industriales estables para atraer inversión y reforzar su autonomía tecnológica". "España no puede quedarse al margen de esa dinámica si quiere preservar su peso industrial en la próxima década", advirtió.

PLAN AUTO 2030

En este sentido, Faconauto planteó articular el acuerdo sobre la base del trabajo ya avanzado en el Plan Auto 2030, reforzándolo y complementándolo para consolidar un marco estratégico compartido que "garantice continuidad, coordinación territorial y coherencia regulatoria". "Si alcanza el respaldo político suficiente, podrá evolucionar hacia un auténtico Pacto de Estado para la automoción", señaló.

Para Faconauto, el acuerdo debería estructurarse en base a la política industrial y manufacturera, acelerando el Plan Auto 2030 con foco en producción y la innovación. Asimismo, destacó la importancia de garantizar energía competitiva y acelerar el despliegue efectivo de puntos de recarga; reforzar la formación profesional y el relevo generacional; actualizar un marco impositivo "desfasado" y utilizarlo como palanca para renovar el parque y activar plenamente el plan nacional de renovación del parque previsto en la Ley de Movilidad Sostenible.

"Es el momento de consolidar un marco estable que permita planificar inversiones, proteger el empleo y reforzar el peso industrial de España en Europa. La transformación no puede depender de ciclos políticos: necesitamos reglas claras, una hoja de ruta compartida y compromisos presupuestarios que aporten seguridad. Este acuerdo no es una demanda sectorial, sino una apuesta estratégica por la competitividad, la cohesión territorial y la autonomía industrial del país”, concluyó Blázquez.