Así lo desvela un análisis realizado por Facua-Consumidores en Acción, según el cual, en cuanto a la evolución mensual, el recibo ha subido 1,81 euros (un 2,3%) con respecto a los 79,41 euros del pasado junio, tal y como precisó este viernes la asociación en un comunicado.

El análisis también revela que la del último mes ha sido la factura más elevada desde el pasado febrero, cuando se situó en los 95,70 euros para el usuario medio, esto es, un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales.

En los últimos años, la factura del usuario medio del mes de julio ha sido de 71,27 euros en 2024, 72,46 euros en 2023, 142,40 euros en 2022, 85,34 euros en 2021 y 62,67 euros en 2020, según puntualizó la asociación.

En este contexto, Facua reivindicó “modificaciones de calado” en el sistema de fijación de tarifas para evitar que las energías más caras “sigan inflando” la tarifa semirregulada.

MEDIDAS

En concreto, la asociación reclama desde 2021 que la nuclear y la hidroeléctrica salgan de la subasta marginalista diaria y sean sometidas a precios fijos fijados por el Gobierno a largo plazo.

“De esta forma se evitarían los denominados beneficios caídos del cielo de estas tecnologías gracias al diseño que desde hace décadas tiene el sistema marginalista, donde el precio de mercado lo determina la oferta más cara que permite satisfacer la demanda cada hora”, recordó.

En paralelo, junto a las “necesarias” medidas que, a su juicio, debe llevar a cabo el Gobierno para reducir los “desproporcionados” beneficios de las grandes eléctricas, Facua criticó la “ausencia” de actuaciones por parte del Ministerio para la Transición Ecológica encaminadas a “potenciar” que los usuarios soliciten los descuentos del bono social.

“Año tras año, las cifras constatan que la gran mayoría de sus beneficiarios potenciales no lo solicitan. No lo hacen porque desconocen su existencia y características o debido a que creen que no tienen derecho a recibirlo”, agregó.

Por último, demandó medidas para “fomentar” que los consumidores “optimicen” la potencia contratada en sus viviendas.