Así lo denunció este martes Facua-Consumidores en Acción en un comunicado en el que advirtió de que se trata de la mayor subida de la historia en la factura y recordó que hasta ahora el incremento interanual más elevado había sido el del pasado diciembre, cuando el recibo subió un 103,0% y su precio batió, además, récords, situándose en 140,62 euros.

Tras puntualizar que el de este pasado mes ha sido el tercer recibo más caro a nivel histórico, tras los de diciembre y enero, cuando se situó en 133,06 euros, la organización señaló que en febrero de 2021 el kilovatio/hora se colocó en una media de 11,72 céntimos, mientras este febrero ha sido de 33,17 céntimos, un 183% más que hace un año.

Facua lamentó que el Gobierno central siga sin “intervenir de forma contundente” en el sector para recortar los que juzgó como “desproporcionados márgenes de beneficio del oligopolio”. “Las medidas adoptadas desde junio del año pasado solo han servido para amortiguar parcialmente la gran subida aplicada por las grandes eléctricas gracias a la especulación que les permite el sistema de subasta marginalista por el que se determinan las tarifas”, abundó.

En paralelo, criticó que el Ejecutivo también se haya “plegado” a los intereses del oligopolio energético y siga sin acometer nuevas medidas para reducir las tarifas eléctricas una vez que, a su entender, "se han mostrado claramente insuficientes” las llevadas a cabo en junio, con la bajada del IVA, y septiembre, con la rebaja de los cargos regulados y el impuesto especial sobre la electricidad.

La asociación insistió en que los recortes en los beneficios caídos del cielo de las eléctricas han sido “muy inferiores” a los miles de millones “prometidos” por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y volvió a reclamar la imposición durante al menos medio año de un descuento mínimo del 50% en la factura eléctrica sometida a la tarifa semirregulada PVPC de la “inmensa mayoría” de familias, excluyendo sólo a las de rentas más altas, y que correría a cargo de las principales energéticas que operan en España de manera proporcional a sus cuotas de mercado.