Así lo precisó este martes la asociación en un comunicado en el que explicó que, según la información recogida en sus términos y condiciones, las oficinas situadas en aeropuertos exigen la presentación de un número de vuelo válido para poder formalizar la recogida del coche.

“No obstante, también permiten la contratación del servicio por parte de usuarios residentes o clientes que no disponen de vuelo asociado, si bien en estos casos la reserva queda sujeta a la constitución de un depósito de garantía significativamente más elevado”, abundó.

A este respecto, indicó que, mientras que los clientes que presentan tarjeta de embarque pueden acceder al alquiler en condiciones ordinarias, aquellos que no viajan en avión “pueden verse obligados a asumir depósitos de entre 2.000 y 4.000 euros, dependiendo del grupo del vehículo contratado”.

Esta práctica supone la imposición de condiciones económicas “claramente más gravosas para determinados consumidores únicamente por no disponer de un vuelo asociado a la reserva”, según Facua.

RESIDENTES

Esta cláusula “afecta especialmente”, a juicio de Facua, a los residentes, quienes, al no necesitar desplazarse en avión para contratar el servicio de alquiler, se ven obligadas a asumir unas condiciones económicas “más gravosas que otros clientes por el mero hecho de su lugar de residencia o circunstancia personal”.

Facua entiende que no existe una justificación “objetiva, proporcionada y transparente” que “legitime” la imposición de una diferencia económica en la cuantía de la fianza “únicamente en función de la presentación o no de una tarjeta de embarque”.

“Por lo tanto, la situación provoca un evidente perjuicio económico a los residentes, ya que tienen que inmovilizar una cantidad mayor de dinero para acceder al mismo servicio”, apostilló.

LEY

En este contexto, puntualizó que el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias “deja claro” que son “cláusulas abusivas” aquellas que “prevean la estipulación del precio en el momento de la entrega del bien o servicio o las que otorguen al empresario la facultad de aumentar el precio final sobre el convenido, sin que en ambos casos existan razones objetivas y sin reconocer al consumidor y usuario el derecho a resolver el contrato si el precio final resulta muy superior al inicialmente estipulado”.

También lo son, según recoge esta misma norma, “las cláusulas que determinen la falta de reciprocidad en el contrato, contraria a la buena fe, en perjuicio del consumidor y usuario y, en particular las estipulaciones que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor y usuario en el contrato, en particular en los contratos de prestación de servicios”.

Por todo ello, Facua ha pedido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que abra una investigación para determinar si las condiciones que aplica Click Rent SL en las oficinas ubicadas en los aeropuertos “son abusivas y contravienen los derechos de los consumidores y usuarios”.

De confirmarse dicha irregularidad, le insta a abrir expediente sancionador a esta empresa de alquiler de vehículos que opera prácticamente en todo el territorio nacional.