Así lo anunció este martes la asociación en un comunicado en el que precisó que, en la página web del evento, en el apartado de ‘FAQ’, los promotores señalan que en el recinto de conciertos del festival “no se puede introducir ni comida ni bebida” y que, “en diferentes espacios del recinto”, los usuarios encontrarán “puestos de comida y barras en los que adquirir comida y bebida” y tienen a su disposición “una barra especializada que cuenta con cerveza sin gluten y sin alcohol».

La asociación advirtió de que esta “limitación” no obedece a la necesidad de preservar la seguridad ni la higiene dentro del festival “ni a ninguna otra causa objetiva”, sino “exclusivamente a motivaciones económicas y al afán de obtener mayores beneficios, forzando a los consumidores a adquirir bienes de consumo dentro del parque a precios notablemente superiores a los que podrían encontrar en el mercado”, y, con ello, “restringiendo su libertad de elección y causándoles un perjuicio económico”.

En su denuncia, Facua argumenta que la actividad principal de esta empresa es la práctica de actividades recreativas, en concreto la celebración de conciertos de música y que el servicio de restauración es una actividad “complementaria”, que “no forma parte del precio de la entrada para el servicio contratado por los usuarios”.

“Por ello, la prohibición de acceder con comida y bebida del exterior en la práctica resulta ser la imposición indirecta de servicios accesorios no solicitados, además de una limitación de los derechos de los usuarios y un desequilibrio en las relaciones contractuales en detrimento del consumidor”, abundó.

LEY

En este contexto, explicó que el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, recoge que “se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.

Además, puntualizó que la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, califica como infracción “la realización de transacciones en las que se imponga injustificadamente al consumidor condiciones, recargos o cobros indebidos, prestaciones accesorias no solicitadas o cantidades mínimas así como la no aceptación de los medios de pago admitidos legalmente u ofertados”.

Por todo ello, animó a los afectados por esta cláusula “abusiva” a reclamar ante la promotora del festival Madrid Salvaje e instó a las autoridades de consumo locales y autonómicas a abrir expedientes sancionadores por las infracciones que puedan cometer para “salvaguardar los derechos de los usuarios”.