Así lo precisó en un comunicado en el que puntualizó que, según la información publicada por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), se han impuesto “solo” 195 sanciones firmes desde enero de 2023 y sus cuantías oscilan entre 1.801 y 42.769 euros, con un montante total de 641.398 euros.

“Solo siete de las multas alcanzan las cinco cifras y más de la mitad, 104, se reducen a 1.801 euros”, abundó, al tiempo que señaló que el “motivo más frecuente”, que se “repite” en 128 de ellas, es el “incumplimiento de los plazos de pago”, seguido de la “no formalización por escrito de los contratos alimentarios”, causante de 41 de las multas.

En este contexto, la organización juzgó “inaceptable” que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación “no esté llevando a cabo las inspecciones necesarias” para “detectar” ventas por debajo de costes “tanto en origen como en los supermercados” y que la “medida estrella” incluida en la Ley de la Cadena Alimentaria, la prohibición de esta venta a pérdidas, “no haya sido todavía objeto de ninguna sanción”, lo cual, a su entender, “pone de manifiesto el reducido número de controles que lleva a cabo la AICA para detectar estas prácticas”.

“Las ventas a pérdidas pueden darse tanto en origen, como vienen denunciando distintas organizaciones de agricultores, como en los supermercados”, aseveró, para, a continuación, advertir de los “sospechosos descuentos” que aplican “determinadas” cadenas en “ciertos productos” que, según su punto de vista, “o bien son utilizados como gancho con precios por debajo de costes, o antes de los descuentos contaban con márgenes de beneficio absolutamente desproporcionados”.

AUMENTO DE MÁRGENES

A este respecto, recordó que, desde enero de 2023, están prohibidos los aumentos de márgenes en alimentos afectados por la rebaja del IVA e insistió en que se trata de prácticas que Agricultura “no está investigando”, a pesar de que el ministro Luis Planas “anunció que su departamento llevaría a cabo el control sobre el cumplimiento de la medida”.

En paralelo, subrayó que, en este caso, la potestad sancionadora la tienen “tanto las autoridades de consumo autonómicas como el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030”.

El titular de este departamento, Pablo Bustinduy, avanzó en una entrevista concedida recientemente a Servimedia que, en el “ejercicio” de sus “competencias”, tiene previsto “investigar” prácticas que hayan podido llevar a cabo distribuidoras de alimentación para “asegurarnos de que esa reducción del IVA no se ha destinado a engordar los márgenes de beneficios extraordinarios”.

Tras explicar que su gabinete ya está “desarrollando” dicha investigación “en colaboración” con el Observatorio de Márgenes Empresariales y con el Observatorio de la Cadena Alimentaria, reiteró que, pese a que sus competencias en esta área “son limitadas”, las va a “ejercer” con el fin de “garantizar que los derechos de los consumidores y las consumidoras, especialmente de los más vulnerables, no se vean violentados”.