Así lo reclamó en un comunicado en el que precisó que ambos textos incorporan medidas dirigidas a proporcionar una mayor estabilidad a los hogares que viven de alquiler, entre ellas la posibilidad de prorrogar determinados contratos, así como actuaciones destinadas a regular los alquileres temporales y de habitaciones y movilizar vivienda vacía.

La asociación considera que los decretos presentan “importantes carencias” y que algunas de las medidas planteadas resultan “insuficientes para hacer frente a la dimensión de la crisis habitacional” y tampoco comparte algunas de las medidas contempladas y considera que existen aspectos que “deberían ser modificados y mejorados”.

No obstante, entiende que su aprobación sería “un primer paso para aumentar el marco de derechos de las millones de personas que viven de alquiler en nuestro país”.

Facua ve “relevante” que se avance en la protección de los inquilinos frente a la pérdida de su vivienda y en la estabilidad de los contratos vigentes y recordó que el decreto que se votará este viernes en el Congreso contempla una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos, además de nuevas reglas para los alquileres temporales y de habitaciones.

PUNTO DE PARTIDA

“Si bien estas medidas no resuelven el problema del acceso a la vivienda, sí pueden ser un punto de partida para sentar las bases y seguir avanzando en la protección de los arrendatarios”, abundó, al tiempo que dijo entender que la respuesta a la emergencia habitacional “no puede limitarse a medidas coyunturales”.

Por ello, considera necesario desarrollar una política que garantice el derecho a una vivienda digna y asequible, se aumente de manera “sustancial” el parque público de alquiler, se “frene la especulación” en el sector y se impulsen mecanismos “eficaces” de protección para las familias y personas vulnerables que no pueden hacer frente a los actuales precios del mercado.

A su entender, el debate parlamentario debe servir para mejorar las medidas y “corregir sus insuficiencias”, convencida de que las discrepancias sobre determinados aspectos de los decretos “no deben impedir que entren en vigor un paquete de medidas que supondría un paso importante para la protección de los inquilinos”.