Así lo anunció la asociación este martes en un comunicado en el que puntualizó que, en concreto, ha pedido para el administrador de la empresa Magrudis SL, José Antonio Marín Ponce, doce años de prisión. Esto es, nueve años por el concurso ideal de delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia, y tres años por falsedad en documento oficial.

También solicita para él 13 años y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la dirección, producción o distribución de productos destinados al consumo humano y una multa de 15 euros al día durante 12 meses.

Para su hijo Sandro José Marín, administrador único de la mercantil, pide un total de diez años y un día de cárcel por los mismos delitos que el padre, de los que ocho años y un día son por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia y dos, por falsedad en documento oficial. También se le requieren diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la dirección, producción o distribución de productos destinados al consumo humano, y una multa de 15 euros al día durante ocho meses.

Para Mario Marín y Encarnación Rodríguez, hijo y mujer del administrador de Madrudis SL, solicita seis años y un día de prisión por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia, además de nueve años y un día de inhabilitación para el ejercicio de alguna profesión relacionada con la dirección, producción o distribución de productos destinados al consumo humano.

En paralelo, demanda para la inspectora veterinaria municipal, María José O.B., un total de 10 años y un día de prisión, esto es seis años y un día por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia, y cuatro por falsedad en documento público y falsedad en documento oficial.

Para la inspectora del Ayuntamiento de Sevilla pide, además, nueve años y un día de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la inspección y supervisión de establecimientos y productos destinados al consumo humano, y cuatro años y seis meses de inhabilitación para el ejercicio de sus funciones como autoridad o funcionario público, además de una multa de 15 euros al día durante diez meses.

En este sentido, la asociación juzgó “de especial relevancia” que la instructora haya tenido en cuenta las argumentaciones que plantearon de forma conjunta todas las acusaciones e incluya entre los encausados a la veterinaria municipal que cometió las “irregularidades” en las inspecciones a Magrudis, al entender que “abre la vía para que, en caso de ser condenada, el Ayuntamiento de Sevilla indemnice a los afectados”.

Por su parte, para el arquitecto técnico Sergio L.G. reclama una pena de dos años de prisión y una multa de 15 euros al día durante ocho meses por los delitos de falsedad en documento público y falsedad en documento oficial.

Finalmente, para las empresas Magrudis SL y Elaborados Cárnicos Mario SL pide a la jueza que imponga una multa de 150 euros al día durante tres años, además de la pena de disolución de la persona jurídica por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia.

El equipo jurídico de Facua reclama a los encausados indemnizaciones que suman 510.579,33 euros para los 79 afectados a los que representa en este procedimiento.

La organización subrayó que la jueza recoge en el auto que los gastos generados por el brote de listeriosis en la sanidad pública ascendieron a unos 800.000 euros y recordó que Magrudis puso en el mercado entre finales de 2018 y el primer semestre de 2019 productos cárnicos “contaminados” con listeria que “provocaron” cuatro fallecidos, seis abortos y “multitud” de intoxicados, de los que 254 fueron identificados por el juzgado.