La asociación de consumidores ha pedido al Ejecutivo que las medidas que se recojan en este plan tengan como objetivo actuar en beneficio del interés general y de los colectivos más necesitados y “luchar contra los abusos y la posición de dominio de un sector que gestiona un suministro esencial y estratégico”, según apuntó Facua este lunes.

La organización defiende un modelo energético basado en “la descarbonización, las energías renovables, la democratización energética, la planificación, la participación ciudadana y la no exclusión o garantía de acceso a servicios y suministros energéticos esenciales para los consumidores domésticos”.

Por ello, pide al Gobierno que haga, no solo una apuesta por las energías renovables y la descarbonización, sino también por minimizar la pobreza energética y garantizar a los consumidores el acceso a los suministros.

Así, Facua propone el desarrollo de campañas institucionales que impliquen a las distintas administraciones públicas, organizaciones de consumidores y empresas eléctricas a través de las cuáles se informe a los consumidores qué es la potencia contratada, cuándo bajarla y cuánto se puede ahorrar con ello, además de recuperar la gratuidad de la gestión por bajar la potencia contratada, una medida que estuvo vigente hasta el pasado 31 de mayo.

Según la última encuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), hasta un 78% de los hogares españoles tiene más potencia eléctrica contratada de la que necesita.

Por otro lado, Facua apuesta por planes de eficiencia y ahorro energético en edificios y espacios públicos, con adecuación de las temperaturas, disminución de la contaminación lumínica en las ciudades y el impulso de medidas constructivas y de adecuación y adaptación de los espacios, favoreciendo el uso eficiente de la energía desde el sector público.

Además, apunta que el Gobierno debe garantizar la accesibilidad a un suministro energético básico y esencial, para lo cual debería poder intervenir precios y poner límites al precio de la electricidad que pagan los consumidores, y actuar contra los “abusos tarifarios”.

Asimismo, defiende que se avance hacia la creación de una empresa pública de energía y la recuperación para el Estado de las concesiones de centrales hidroeléctricas que caduquen para integrarlas en una empresa pública productora o generadora de energía, de manera que con ella puedan fijarse precios justos que contribuyan a reducir la factura de la luz.

Por otra parte, Facua ha pedido a Ribera que se adopten medidas orientadas a potenciar y agilizar los trámites vinculados a la contratación de autoconsumo para los usuarios domésticos, ya que actualmente se demoran en el tiempo debido a la falta de agilidad administrativa