Así lo reivindicó en un comunicado en el que precisó que Bruselas ha anunciado la apertura de un expediente de infracción a España “que las aerolíneas llevaban intentando lograr desde que se produjo la sanción” y que la Comisión pide al Gobierno que modifique la Ley de Navegación Aérea, que, a su juicio, “deja meridianamente clara la ilegalidad del cobro del recargo, ya que establece que viajar con el equipaje de mano que necesite es un derecho del pasajero incluido siempre en el precio del billete”.

“En la carta de emplazamiento remitida al Gobierno de España, la Comisión le da dos meses para responder y subsanar las supuestas «deficiencias» contrarias al derecho comunitario que dice haber detectado, concretamente que la normativa española vulneraría la libertad de las compañías para fijar precios recogida en el Reglamento 1008/2008 sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos”, abundó, al tiempo que indicó que, “de no ser así, Bruselas podría emitir un dictamen motivado”.

A este respecto, advirtió de que la libertad de precios que recoge el ordenamiento jurídico comunitario “no implica la libertad para cometer abusos y fraude”.

Así, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió la ilegalidad del recargo al no fijarse en ninguna de las normas que regulan el sector aéreo a nivel europeo el derecho de las compañías a aplicar un recargo por viajar con equipaje de mano, “como tampoco queda establecida una limitación en sus dimensiones y peso”.

NO ES EXCUSA

La asociación señaló que la libertad de precios “no puede servir de excusa para saltarse la ley y abusar de los consumidores, como pretenden las compañías aéreas y ahora la Comisión, obviando tanto la jurisprudencia del alto tribunal europeo como las decisiones de la Eurocámara”.

En este sentido, estimó que Bruselas “tergiversa y pervierte el concepto de libertad de precios para intentar hacer creer que esta es ilimitada”. “No hay libertad para cobrar un recargo por viajar con equipaje de mano como tampoco la hay para cobrar un extra por viajar sentado o por hacer que los inmigrantes o la comunidad LGTBi paguen precios más caros que el resto de consumidores”, ejemplificó.

La asociación hizo hincapié en que el Parlamento Europeo ha aprobado poner en marcha un cambio regulatorio para establecer unas dimensiones y un peso máximo en el equipaje que lleven los pasajeros en cabina, lo que, a su entender, “implica el reconocimiento implícito de la Eurocámara de que la aplicación actual del recargo es claramente ilegal”.