Así lo demandó en una rueda de prensa en la que consideró “obvio” que la medida tendrá un “impacto positivo” para “contener” los “elevadísimos” precios de la cesta compra, pero lo tildó de “ínfimo, muy reducido y muy poco significativo” si se tienen en cuenta que los incrementos, “en determinados casos”, llegan incluso a ser “superiores al 100%”.

Desde su punto de vista, una rebaja “de cuatro o cinco puntos no sirve para aliviar unos incrementos brutales en parte motivados por incrementos en los márgenes de beneficios” y se mostró convencido de que las “bajadas de costes” de “ciertos” productos, en general, “no ha repercutido a la baja en el precio” que pagan los consumidores.

En este punto, estimó que debería aplicarse la Ley de Comercio de 1996, que, puntualizó, “plantea la posibilidad de intervenir y aplicar topes a precios y márgenes de beneficio de cualquier miembro de la cadena alimentaria”.

En paralelo, denunció que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “incumple el auto mandato que se encomendó” al establecer un mecanismo de seguimiento de la evolución de precios “para verificar que no hay un aumento de márgenes de beneficio desde el 1 de enero hasta que finalice la medida”.

Por esta razón, no mostró “ninguna confianza” en que, “por mucho que se prorrogue, se vaya a cumplir por parte de las empresas” debido a esa “falta de control”, circunstancia por la que expresó su “pena” y que calificó como “lamentable”.

En el mismo sentido, afeó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “no ha dado respuesta” a las denuncias que la asociación ha ido interponiendo desde el mes de enero, una “pasividad” que le llevó a elevar una queja al Defensor del Pueblo, teniendo en cuenta, además, que, según el último seguimiento de precios en ocho grandes cadenas de distribución ha publicado revela que, desde que entró en vigor la norma, cuatro de cada diez de los casi 1.000 precios analizados “han subido” de precio con respecto al que marcaban a 1 de enero.

ALQUILER

Junto a ello, también juzgó “necesario” que el Gobierno “contemple” una prórroga en el tope del 2% a las subidas del precio de los alquileres en una “coyuntura de alzas a nivel global” con precios “desproporcionadamente altos” en “multitud” de zonas. “Sería una buena opción de prórroga que el Gobierno debería aprobar”, sentenció, convencido de que se trata de “una buena política”.

En la misma línea, abogó por que las comunidades autónomas y ayuntamientos apliquen la Ley de Vivienda “en zonas tensionadas” y “ejercieran su capacidad legal para fijar topes en ellas”.

A este respecto, admitió que está “a la espera” de conocer las primeras administraciones que “anuncian que implementarán la medida”.