Así lo reivindicó su secretario general, Rubén Sánchez, en una rueda de prensa en la que juzgó “positivo” que “por fin” el gabinete dirigido por Pablo Bustinduy esté “liderando” la “lucha” contra el “fraude masivo” en este sector, al entender que este tipo de empresas cometen “irregularidades muy graves” como las que estudiará Consumo.

En concreto, según el ministerio, las posibles prácticas abusivas de esta promotora serían de tres tipos e incluirían prohibir de forma “expresa y generalizada” el acceso al recinto del festival con comida y bebida del exterior, registrando a los asistentes y denegando el derecho de acceso de forma “potencialmente arbitraria”.

Asimismo, prohibir que los asistentes a un festival puedan salir y acceder de nuevo al recinto libremente, obligándoles a abonar una cantidad adicional para evitarlo y establecer como obligatorio un sistema de pago a través de pulseras cashless para poder hacer pagos dentro del recinto pero sin admitir la devolución del reembolso de la cantidad sobrante por debajo de una cantidad mínima, e imponiendo gastos de gestión para llevar a cabo el reembolso, así como estableciendo un tiempo limitado para que los asistentes puedan hacer uso de este reembolso.

En este contexto, Sánchez recordó que la asociación lleva “décadas denunciando” a promotoras de conciertos y festivales por estas prácticas, algunas “históricas”, como la de no permitir el acceso con comida o bebida del exterior, y ante las que, criticó, “nadie ha querido actuar”.

MULTA MUY SUPERIOR

No obstante, advirtió de que la cuantía de la sanción “puede ser muy superior” al máximo de un millón de euros planteado por el ministerio, que, a su juicio, “tiene capacidad” para hacer un cálculo del beneficio ilícito obtenido y “multiplicarlo por entre seis y ocho”, convencido de que la promotora expedientada puede ser objeto de un “macroexpediente sancionador y una multa multimillonaria”.

“Esperamos que en la instrucción del expediente, donde vamos a pedir nuestra personación, se mida el enorme beneficio”, apostilló, al tiempo que deslizó que una multa de un millón sería “claramente insuficiente” para “castigar de verdad” un “fraude masivo” de este tipo.

En paralelo, lamentó la “absoluta pasividad” de las administraciones locales y autonómicas de consumo que, a su entender, “ha favorecido un fraude” porque, con ello, han “estado invitando tácitamente a las promotoras a robar a los consumidores”.

Tras subrayar que el año pasado la organización denunció a 28 festivales y conciertos, Sánchez estimó que “no hay ni una sola” promotora “de nivel mediano y mucho menos de las grandes” que “no esté denunciada” porque “todas cometen algunos abusos y fraudes con los consumidores”.

AVISO A NAVEGANTES

“Esto es un aviso para navegantes, que las promotoras sepan que Consumo puede abrir expediente sancionador y la única forma que tienen de librarse es que las administraciones de consumo cometan un fraude que es ser ellas las que abran expediente para que Consumo no pueda hacerlo y ponerle una micromulta”, puntualizó, al tiempo que denunció que, en ese caso, serían “cómplices de un fraude masivo a los consumidores”.

Por ello, les instó a que “colaboren” y lleven a cabo “actuaciones similares” a la emprendida por el ministerio imponiendo “multas millonarias” o, de lo contrario, “se echen a un lado y no entorpezcan la actividad de Consumo y no se conviertan en cómplices del fraude”.

Por último, aseveró que no tiene “ninguna duda” de que la del ministerio “será la primera" multa "de muchas que pueden caer al sector” y llamó a las administraciones competentes a que “erradiquen” estas prácticas porque, de lo contrario, Facua estará “vigilante” y denunciará a los organizadores de los eventos en los que incurran en “irregularidades”.