La organización denunció que esta ofensiva privatizadora forma parte de una estrategia continuada de acoso sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS) que busca su deterioro y desprestigio social, avalada por grandes grupos multinacionales, fondos de inversión y aseguradoras sanitarias.

En este sentido, los representantes de Defensa de la Sanidad Pública precisaron en su balance anual que los mecanismos de privatización se articulan a través de conciertos con la empresa privada, concesiones administrativas para la prestación de servicios sanitarios, la compra de productos farmacéuticos a precios cada vez más elevados y la adquisición de biotecnología. Estos grupos corporativos están ávidos de apoderarse del dinero que el Estado destina a sanidad, según el informe.

Asimismo, el documento subraya que las listas de espera empeoraron sustancialmente durante el ejercicio de 2025, siendo "cada vez más falseadas y elevadas". Los gobiernos autonómicos utilizan esta situación para incrementar la concertación con el sector privado.

De otro lado, los seguros sanitarios privados experimentaron un crecimiento muy importante aprovechándose de los problemas estructurales del sistema público.

ESTATUTO DEL PERSONAL

En cuanto al marco normativo, el debate sobre la elaboración de un nuevo Estatuto del Personal desencadenó enfrentamientos entre el Ministerio, algunos sindicatos corporativos y colegios de médicos que pretenden conseguir un estatuto propio y blindar la dedicación público-privada.

Los sindicatos de clase, por su parte, buscan mejorar las condiciones laborales y salariales de todo el personal sanitario. De hecho, la aprobación del nuevo estatuto tendrá una enorme trascendencia en el futuro del Sistema Nacional de Salud (SNS), advirtió la organización.

El malestar profesional por las malas condiciones laborales ha sido utilizado por los sindicatos médicos corporativos para convocar reiteradas huelgas contra el nuevo marco normativo, con el apoyo del sector privado y partidos conservadores.

No obstante, estas movilizaciones no han tenido la magnitud necesaria para desestabilizar la situación, pese a la utilización sistemática de información falsa. La Fadsp destacó que "el debate refleja las tensiones entre quienes defienden el fortalecimiento del sistema público y quienes buscan perpetuar los privilegios de la práctica privada".

ESCÁNDALOS EN GESTIÓN PRIVADA

Por otro lado, la federación destapó grandes escándalos en la sanidad andaluza y madrileña que muestran los desastres de la privatización.

De un lado, en Andalucía se encontraron irregularidades en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama e irregulares trasvases de fondos al sector privado, mientras que en Madrid se documentaron casos de manipulación y retrasos en el tratamiento de pacientes.

Concretamente, el Hospital de Torrejón, de gestión privada, ha sido señalado por retrasar tratamientos a pacientes para mejorar sus ganancias económicas.

Estos casos evidencian "cómo la privatización pone en riesgo la salud de los ciudadanos al priorizar el beneficio empresarial sobre la atención sanitaria", según la organización.

DEROGACIÓN DE LA LEY 15/97

Frente a este panorama, el Ministerio de Sanidad anunció, sin concretar aún cómo, la derogación de la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, que abrió el camino legal a la privatización de centros y servicios sanitarios públicos.

"Es de esperar un gran debate sobre la misma, cuyo resultado tendrá una importante repercusión sobre el futuro del sistema público, advirtió la federación.

Como respuesta a esta situación, se están extendiendo y consolidando numerosas Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública en todo el Estado. Estas organizaciones han convocado grandes movilizaciones en Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, Castilla y León y Murcia que muestran el descontento de la población con los recortes, el desmantelamiento y la privatización.

Precisamente, las listas de espera y las barreras de acceso a la Atención Primaria han sido los principales detonantes de estas protestas ciudadanas.

Defensa de la Sanidad Pública valoró positivamente esta respuesta social y destacó que representa un síntoma del hartazgo de la ciudadanía ante el deterioro progresivo de los servicios sanitarios públicos.

Por ello, hicieron un llamamiento para "incrementar las movilizaciones sociales y profesionales contra la privatización" y el desmantelamiento del sistema sanitario público.

Para concluir, la Fadsp instó a consolidar "un gran movimiento unitario de plataformas, sindicatos y fuerzas políticas" en todo el Estado para defender "el carácter público, universal y de calidad del SNS.