El análisis, hecho pblico por el Instituto de Estudios Fiscales a través del último número de la revista "Presupuesto y Gasto Público", pone de manifiesto que, en 1989, España disponía de 73 jueces y magistrados por millón de habitantes, frente a los 141 de Italia, 203 de Alemania, 209 de Suecia y 106 de Portugal.

Sin embargo, el conjunto del personal de la Administración de Justicia contaba en España con 741 personas por millón de habitantes, cifra similar a la de Suecia (819) y Portugal (783) y muy superior a la de Itaia (486) y Holanda (416).

Para el autor del estudio, de estas cifras se desprende que el modelo español de política judicial "ha respondido a la idea de aumentar la tutela judicial a base de personal no juzgador, con las negativas implicaciones que ello comporta".

Con este modelo se ven afectadas, a su juicio, "las garantías del principio de tutela judicial efectiva y a la necesaria presencia e intervención del juez en ciertas fases de los procesos".

En consecuencia, "las alegaciones sobre l menor dotación financiera de la justicia española ha de ser interpretada en los términos antedichos, y no en los habitualmente aducidos por representantes de asociaciones judiciales, colegios de abogados y otras corporaciones".

GASTO PUBLICO EN JUSTICIA

Por otra parte, el gasto público en Justicia, que en 1977 representaba el 0,11 por ciento del PIB había llegado a suponer en 1989 el 0,2 por cien. Este porcentaje es comparable al de países mucho más desarrollados, comom Suecia (0,17) y Holanda (0,1).

El autor del estudio concluye de estos datos que, actualmente, no hay base para afirmar la existencia de una menor dotación de la Administración de Justicia española frente a los países de nuestro entorno.

No puede decirse lo mismo, sin embargo, de los recursos destinados concretamente al beneficio de justicia gratuita (dedicados al turno y de oficio y la asistencia letrada al detenido), que en 1989 contó con una dotación de 4.500 millones de pesetas. Hay países europeos que dedican a ese fin ntre 11 y 29 veces más que España.

Por esta razón, Santos Pastor entiende que "quizá los ejes de la política judicial no deban ser 'más de lo mismo' sino actuar sobre otras variables, como la reducción de la demanda o la mejora de la productividad".