Lo hicieron a través de un comunicado en el que lamentaron que la demora en resolver estos expedientes en algunas provincias de Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia puede alcanzar los siete meses, lo que impide a estas familias “acceder a los beneficios económicos y sociales que les corresponden por ley”.

Esta situación, recalcaron, se traduce en una “pérdida de dinero” para las familias, especialmente en lo concerniente a la bonificación en el IBI o las matrículas universitarias.

Ante esta situación, algunas comunidades han aplicado una solución transitoria para que las familias no pierdan derechos, estableciendo una prórroga automática durante el tiempo que se tarda en resolver la renovación, de modo que ninguna familia se quede sin título en ningún momento.

Sin embargo, la Federación Española de Familias Numerosas y sus asociaciones consideraron ineficiente esta medida, y exigieron “simplificar y agilizar” el trámite para obtener el título o renovarlo, máxime “cuando todos los procesos están informatizados” en la administración.