Según explicó Famma, ni las plataformas de transporte, ni la administración autonómica tomaron medidas “eficaces” para asegurar la accesibilidad universal en los servicios de vehículos con conductor. Esta situación constituye una “violación flagrante” de derechos fundamentales, así como del Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano e Interurbano de la Comunidad de Madrid.

El presidente de Famma, Javier Font, denunció que la inaccesibilidad de los VTC “no es casual, sino que es estructural”. Entre la “falta de voluntad de las plataformas y la falta de coraje político” del Gobierno regional, se mantiene un sistema “excluyente que discrimina sin consecuencias y es una vergüenza”.

La entidad apuntó que miles de VTC circulan diariamente en la Comunidad de Madrid sin ofrecer opciones adaptadas a personas con movilidad reducida, lo cual “vulnera directamente” lo establecido en el Reglamento de Transportes de la Comunidad de Madrid, que en su artículo 63 establece que todos los servicios de transporte público deben ser accesibles y que la Administración velará por que eso servicios de transporte que autoriza no discriminen a ningún colectivo.

Font añadió que los VTC no son taxis, pero “prestan un servicio público de facto”. Por ello, deben cumplir las “mismas obligaciones en materia de accesibilidad”. El reglamento autonómico es “muy claro”, pero hace falta “aplicarlo y hacerlo cumplir”.

Famma reiteró que la Comunidad de Madrid es la autoridad competente en materia de ordenación del transporte urbano e interurbano, incluidas las licencias y la regulación de los VTC. Sin embargo, permitió que estas plataformas operen “sin una sola exigencia en términos de accesibilidad, ignorando tanto la normativa autonómica como la estatal” y los compromisos internacionales suscritos por España.

El presidente de Famma concluyó que Rodrigo tiene “la llave para cambiar esto”, pero si no hay voluntad política, las plataformas “seguirán funcionando sin asumir su parte y no podemos permitirnos más parálisis”.