Las federación y las dos asociaciones aseguran en un comunicado que "dado el alcance que tiene este asunto, consideramos importante comunicar a la ciudadanía que desde las citadas asociaciones siempre hemos defendido el libre ejercicio del periodismo y que las instituciones faciliten al máximo esa misión, uno de los pilares del artículo 20 de la Constitución. Los límites a esa función los marca la ley. Los periodistas, como todos los ciudadanos, estamos sometidos a la ley y cualquier vulneración de los derechos de los ciudadanos que se registre en una información puede llevarse a los tribunales".

En este contexto rechazan "rotundamente los comportamientos periodísticos que vulneran nuestro Código Deontológico, cuya premisa fundamental es la difusión de informaciones veraces, verificadas y contrastadas diligentemente con fuentes fiables" y recuerdan que "existe la posibilidad de que quien considere que se ha incumplido el Código Deontológico, recurra a la Comisión de Arbitraje y Quejas de la FAPE, encargada de evaluar el comportamiento informativo".

Además, destacan "el peligro que tiene para la sociedad la divulgación de discursos de odio desde los medios o impulsados por periodistas o activistas que difunden información desde cualquier soporte basados siempre en noticias falsas. Son una lacra que está demoliendo los cimientos éticos del periodismo, además de un riesgo serio para las democracias. En ese sentido, queremos subrayar que la profesión periodística está sujeta a normas éticas y deontológicas, totalmente opuestas a las mentiras y a los discursos de odio".

"El ejercicio del periodismo debe responder a criterios profesionales. Las asociaciones siempre hemos pedido a las instituciones que las acreditaciones para ejercerlo respondan a criterios profesionales y no sea una vía por la que puedan introducirse activistas ajenos a ese objetivo de difundir información veraz al que tiene derecho el ciudadano. Al respecto, entendemos que el PSOE se habrá dirigido a las instituciones que deciden sobre las autorizaciones para ejercer labores informativas", concluye el comunicado.

De esta forma, la FAPE, la APM y la APP contestan el comunicado que esta mañana lanzó el PSOE en el que aseguraba que había pedido amparo a estas organizaciones.