Lo hicieron en un comunicado en el que dieron acuse de recibo al escrito que les trasladó el PSOE haciéndoles una petición de amparo ante lo que considera “amplificación y difusión de un discurso de odio” hacia esta formación, sus representantes y afiliados por parte de quienes considera “pseudomedios y pseudoperiodistas”.

En el escrito en cuestión, los socialistas reclamaron la FAPE, la APM y la APP su apoyo a la solicitud que formulará en el Congreso, el Senado y en los parlamentos autonómicos “para la retirada de las credenciales de prensa a los pseudomedios y los pseudoperiodistas que los representan, que figuraban en el cartel del evento celebrado en la calle Ferraz la Nochevieja del día 31 de diciembre de 2023”.

Ante este requerimiento, estas asociaciones se hicieron eco del comunicado que emitieron el pasado 11 de enero, tras el anuncio del PSOE de que iba a presentar la referida solicitud de amparo. En él, proclamaron que “siempre hemos defendido el libre ejercicio del periodismo y que las instituciones faciliten al máximo esa misión, que es uno de los pilares del artículo 20 de la Constitución”.

Luego de insistir en “rechazar la divulgación de discursos de odio desde los medios o impulsados por periodistas o activistas que difunden información desde cualquier soporte basados siempre en noticias falsas”, expusieron que ellas no son competentes para decidir la concesión o la retirada de la acreditación a un medio o a un periodista en concreto y observaron que ésta es una tarea de la que se encargan las instituciones que facilitan estas acreditaciones.

Afirmaron que lo que sí hacen es “escuchar las peticiones de amparo de los periodistas que consideren que han sido discriminados sin causa justificada en la concesión de las acreditaciones”.

Arguyeron que siempre han pedido a las instituciones, a los partidos políticos y a los agentes sociales que “no excluyan de sus actos a medios y periodistas, por el simple hecho de que tengan una actitud crítica hacia sus actividades”.

A pesar de ello, matizaron que “de la concesión de esas acreditaciones, sí podrían ser excluidos quienes quede demostrado que no responden a criterios profesionales o se constituyen en activistas ajenos al objetivo de difundir una información veraz a la que tiene derecho los ciudadanos”.

Por último, reclamaron a las instituciones, partidos políticos y agentes sociales a que “se doten de unas normas claras y públicas, en las que se establezca que, para acceder a las acreditaciones, será necesario comprometerse a respetar el Código Deontológico de los periodistas”.