El comunicado de la asociación señala que "en un momento en el que la sociedad demanda a las Administraciones Públicas y, por ende, al organismo provincial máxima transparencia", tras la causa abierta contra el expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, por su presunta participación en una red de cobro de comisiones ilegales relacionadas con contratos de mascarillas, "esta decisión basada en meras limitaciones de aforo, supone un grave retroceso en los principios y deberes democráticos que sustentan el derecho a informar y ser informado".

Así, la FAPE se adhiere a la asociación de periodistas almerienses al considerar que esa limitación vulnera el derecho fundamental de la ciudadanía "a recibir información veraz y completa sobre asuntos de interés público".

"La Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, establece en su artículo 5 que las Administraciones Públicas deben actuar conforme a los principios de transparencia y en su artículo 12 reconoce el derecho de acceso a la información pública como un derecho subjetivo de los ciudadanos. Asimismo, el artículo 6 incluye que en la celebración de plenos es necesario permitir el acceso de los medios gráficos para garantizar la difusión pública", detalla el texto suscrito por la Asociación de la Prensa de Almería.

Tanto esta asociación como la FAPE consideran que "cerrar las puertas del salón a los medios gráficos contraviene el libre ejercicio de la labor periodística de la que forma parte esencial la imagen y el testimonio gráfico de los profesionales de TV y del fotoperiodismo". "No es suficiente con la opción de descarga de imágenes y material audiovisual de la sesión plenaria", insistieron.

Por todo lo anterior, la FAPE ha instado a la Diputación Provincial a "rectificar de inmediato esta decisión y garantizar el acceso libre de los medios gráficos, como corresponde a una institución que debe ser ejemplo de transparencia y buen gobierno".