Lo hizo a través de un comunicado emitido con motivo de la conmemoración este miércoles del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas en el que diagnosticó que, “a pesar de sus valiosas intenciones”, el plan de acción de la ONU sobre la seguridad de los periodistas, “ha sido incapaz de ofrecer el entorno libre y seguro para los periodistas y los trabajadores de los medios que prometió”.

En ese sentido, la FAPE constató que “los periodistas continúan siendo atacados, golpeados, detenidos, hostigados y amenazados por hacer su trabajo”, al tiempo que “las continuas amenazas a la seguridad digital de los periodistas, incluyendo ciberataques, robo de datos, piratería informática y acoso en línea, ponen en peligro la seguridad de los profesionales de los medios”.

Ante esta situación, consideró que “es más urgente la adopción de un instrumento que obligue a los gobiernos a hacer frente a la impunidad de la violencia contra los periodistas y el personal de los medios”.

En esa línea, la presidenta de la FIP, Dominique Pradalié, observó que “carecemos de un instrumento legal vinculante que obligue a los Estados miembros a investigar y responder a los ataques contra periodistas”.

En 2022, la FIP ha registrado 59 asesinatos de profesionales de los medios de comunicación, 12 más que el año pasado, y pone de manifiesto reiteradamente que nueve de cada diez de esas muertes permanecen impunes.

Al mismo tiempo, la organización ha señalado a países como Afganistán, República Democrática del Congo, Haití, India, México, Kosovo, Pakistán, Palestina, Filipinas, Rusia, Turquía, Ucrania y Yemen, por registrar unos niveles de violencia “muy elevados” contra periodistas.

Por todo ello, Dominique Pradalié dictaminó que “existe una creciente frustración sobre la falta de acción y de voluntad política para hacer frente a la impunidad y apoyar a los medios libres e independientes”, una premisa que consideró suficiente para la puesta en marcha de una campaña mundial para la adopción de la referida convención internacional dedicada a la protección de los profesionales de los medios de comunicación.

La campaña se activó en la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrada en Ginebra (Suiza), el pasado 30 de septiembre. En ella, se contraponen “las deficiencias y lagunas existentes en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”, y “la falta de mecanismos eficaces para su aplicación”.

Más de 60 periodistas y sindicatos de medios de comunicación, asociaciones, órganos de representación de profesionales de la prensa, organización de medios de comunicación y ONG de todo el mundo apoyan la iniciativa.