Las juntas directivas de las Empresas de Farmacia de Cáceres y Badajoz hicieron pública una nota informativa, en la que sostienen que ningún farmacéutico "está obligado a utilizar las tablas, ni a realizar ningún tipo de reconversión de precios sobre los medicamentos que con anterioridad a la promulgación del decreto se almacenaban en las farmacia; estarían cometiendo un acto que no se atiene a derecho, al autorizar al farmacéutico a modificar los precios en cualquie momento".

Los empresarios de farmacia extremeños afirman que la reducción de precios vulnera la Ley del Medicamento y advierten que no van a permitir "acciones de acoso o coacción por parte de nadie hacia los titulares de las oficinas de farmacia que no utilicen las diferentes e ilegales tablas que se pretende aplicar". "No existen medidas legales", añaden, "para obligar a las oficinas de farmacia a dispensar medicinas compradas a cinco pesetas y cobrarlas a cuatro".

Aseguran, además, que los meicamentos "no son un artículo de consumo" y, por tanto, "los farmacéuticos no están autorizados a modificar su precio hacia arriba o hacia abajo, en tanto no venga previamente autorizado en el precinto".

Por último, acusan a los partidos políticos de mantener una postura demagógica. "Están jugando con el gasto farmacéutico a su conveniencia. Lo utilizan como cortina de humo para tapar los problemas de fondo de la Sanidad pública, como la gestión de los hospitales, el despilfarro en centros de AtenciónPrimaria y el desmantelamiento sanitario del medio rural", concluye la nota.