A juicio de amba organizaciones, existen suficientes dudas de que se respeten los derechos legítimos de los famacéuticos, "lo que sería fundamento jurídico para la elevación de un recurso contra ambos reales decretos".

Las dos federaciones no entienden cómo el Gobierno "pretende financiar el gasto farmacéutico a costa de los prestatarios del servicio farmacéutico".

"Estamos convencidos", añade el comunicado, "de que el único objetivo del Gobierno es que la sociedad española perciba que se ha bajado sustancialmene el pecio de los medicamentos aún a costa de los derechos legítimos de los mayoristas y los farmacéuticos".

Piden, además, que el Gobierno aclare la repercusión real de las bajadas de los mágenes, ya que afirman que el 1 por ciento de bajada en los márgenes de los mayoristas supondrá una pérdida de su beneficio bruto del 9,6%, y la rebaja del 2 por ciento a las farmacias causará una pérdida del 10,3% de sus beneficios.

"Todo ello", explican, "representa en realidad una pérdida del 20% en los ingesos medios de los farmacéuticos, lo que supondrá un global de dos millones anuales para una farmacia media".