En este encuentro, la directora del departamento jurídico de Farmaindustria, Ana Bosch, valoró positivamente, en términos generales, el proyecto de Real Decreto por el que se regula la evaluación de las tecnologías sanitarias, elaborado por el Ministerio de Sanidad y que fue publicado recientemente para su consulta pública previa.

Sin embargo, añadió, “al afectar a cuestiones de vital importancia para facilitar la innovación biomédica y el acceso de los pacientes a las nuevas tecnologías como el medicamento, este organismo, con una finalidad constructiva y de colaboración, consideró pertinente realizar una serie de aportaciones al documento en esta fase de consulta previa”.

Farmaindustria, en sus alegaciones, aborda el ámbito objetivo del proyecto de real decreto, el cual se limita a la evaluación de las tecnologías sanitarias.

Por ello, añadió Bosch, “la nueva regulación debería tener una finalidad más ambiciosa, abordando también la financiación y fijación de precio de los medicamentos, en la medida en que la evaluación no es sino una fase más de un procedimiento más amplio que culmina con la eventual inclusión de un medicamento en el Sistema Nacional de Salud”.

PROCESO COMPLETO

Según indicó, un real decreto que regulara no solo la fase de evaluación sino todo el procedimiento de precio y financiación en el que la misma se integra como parte diferenciada pero inseparable, permitiría dotar en una misma normativa al sistema de financiación de tecnologías sanitarias de la coherencia, transparencia y predictibilidad que tanto necesita y así facilitar su comprensión y aplicación práctica.

Por ello, Farmaindustria propuso que, en vez de desmembrar el proceso en dos normas distintas, un real decreto de evaluación de tecnologías sanitarias y otro de precio y financiación, se abordara una única reglamentación completa el proceso de financiación y precio.

“La evaluación no debe configurarse como un requisito indispensable para decidir la financiación y precio de los medicamentos, sino que debe conceptuarse como un documento más que ayude a la toma de decisiones de forma que, si este no existiera o no estuviera concluido en el momento procedimental oportuno, ello no debe impedir adoptar la resolución de financiación y precio que proceda”, explicó la portavoz de Farmaindustria.

Además, indicó, el procedimiento que regule la financiación y precio de los medicamentos, y la evaluación de estos como una fase más del proceso, deberá ser transparente, ordenando las diferentes etapas con plenas garantías para las compañías.

“Deberá asegurar el cumplimiento del plazo máximo de 180 días para adoptar la resolución de financiación y precio”, apuntó.