Así lo indicó en un artículo publicado este lunes bajo el título ‘Inversión en infraestructuras’, en el que analiza la situación del modelo concesional en España para la inversión en infraestructuras, que ha pasado de utilizarse “intensamente” a estar atravesando “la que posiblemente sea su peor crisis”.

Fedea señaló que las Asociaciones Público-Privadas (APP) suelen presentarse como una estrategia para que los gobiernos aumenten la inversión en infraestructuras sin que compute en deuda, pero “no están exentas de riesgos fiscales y políticos, especialmente en contextos institucionales débiles”.

Así, el informe firmado por Ginés de Rus reconoció que la posición de las empresas en este escenario “está guiada por la búsqueda de la maximización de sus resultados, lo que no está necesariamente alineado con la maximización del bienestar social”.

Sin embargo, subrayó que la potencial superioridad de una APP frente a la contratación pública directa estriba en que el modelo concesional “ofrece ganancias de eficiencia al integrar el ciclo de vida del proyecto bajo una única explotación, incentivos para evitar retrasos, la prevención de proyectos no rentables, la reducción de costos administrativos, las ventajas de la financiación privada y la eficiencia en el mantenimiento”.

Así, su eficacia para proporcionar infraestructuras está “intrínsecamente vinculada a una administración técnica solvente y un marco institucional bien diseñado”, que abarque “desde la planificación inicial hasta las posibles renegociaciones”. En cambio, en situaciones de debilidad institucional, la contratación pública directa “puede ser preferible para evitar renegociaciones oportunistas”.

CAMBIOS LEGALES

En el año 2015, la crisis económica y los “cambios en el equilibrio” entre los distintos agentes sobre el reparto de riesgos provocó que, ante los problemas financieros de varias concesionarias y el inminente recurso a la cláusula de responsabilidad patrimonial de la Administración, el Gobierno introdujera cambios legales “para evitar indemnizaciones millonarias”.

Así, el análisis subrayó que los cambios recientes “han incrementado el riesgo asociado a invertir en estas concesiones”. Antes, los inversores se beneficiaban de garantías legales como la responsabilidad patrimonial de la administración y el restablecimiento del equilibrio económico-financiero en caso de quiebra o rescate de la concesión. Las reformas “buscaron eliminar estas garantías, retornando al principio de ‘riesgo y ventura’ para los concesionarios, introduciendo un periodo de recuperación de la inversión, calculado en función de los tipos de interés de la deuda pública y los flujos de caja esperados”.

No obstante, el informe lamentó que el cálculo ex ante del plazo concesional que se establece en la ley, con un máximo de 40 años para concesiones de obras, es “un ejercicio imposible, ante los cambios previsibles de la demanda fuera del control del concesionario”. La ley también aborda el mantenimiento del equilibrio económico, permitiendo ajustes en casos específicos como modificaciones de obras o situaciones de fuerza mayor pero dentro de márgenes muy tasados.

PROPUESTA FEDEA

Así, la modificación del modelo concesional propuesta por Fedea requeriría que abarcase “desde la planificación inicial hasta las renegociaciones contractuales, pasando por la evaluación independiente y la separación en distintas unidades administrativas del diseño, licitación y adjudicación de los contratos, de su seguimiento y control”.

Para el analista, en la distribución de los riesgos del proyecto entre las partes “no tiene sentido asignar al concesionario aquellos que no puede controlar ni diversificar”. Por esta razón, aboga por utilizar “el mínimo valor presente de ingresos en la licitación de la red viaria, transfiriendo el riesgo de demanda a los usuarios”, ya que este modelo de plazo concesional variable, “reduce sustancialmente la incertidumbre con la consiguiente reducción del coste de financiación” al “minimizar renegociaciones y simplificar compensaciones en caso de rescate de la concesión.

Frente al uso para la valoración de ofertas de fórmulas ad hoc en las que se mezclan criterios económicos y cualitativos, Fedea apuesta por “una variable única de licitación basada en los criterios técnicos conocidos de las concesiones de plazo variable”. Dicha licitación estaría precedida “por un filtrado de empresas de acuerdo con criterios razonables y transparentes que diesen solidez al proceso”.

“Mientras no se acometa la reforma del sistema de provisión de infraestructuras en todas sus fases, las ganancias potenciales de eficiencia de las APP quedan muy comprometidas. La obtención de dichas ganancias requiere un marco institucional del que España carece por el momento”, concluye el análisis.