Un análisis publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) explica que no se discute la “legitimidad” de utilizar transferencias financiadas con impuestos generales para pagar pensiones contributivas, pero sí su “coherencia”, puesto que puede generar “agravios comparativos” entre los trabajadores y reducir el déficit de la Seguridad Social aumentando el del resto de las administraciones públicas.