Así se desprende del informe “El saldo estructural de las comunidades autónomas, 2024-2025”, elaborado por los investigadores Manuel Díaz (Fedea), Carmen Marín (Fedea) y Diego Martínez (Universidad Pablo Olavide y Fedea).

En él, se explica que el saldo estructural es aquel que se obtiene tras neutralizar los efectos del ciclo económico y refleja las decisiones discrecionales de gastos e ingresos adoptadas por los gobiernos. Además, su seguimiento es imperativo para el Estado y las comunidades autónomas, según la Constitución española y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pero ninguna instancia oficial lo estima a efectos de verificar su cumplimiento.

El saldo presupuestario de las regiones fue del -0,2% en 2024 y del -0,4% en 2025 en términos de PIB. Si a eso se trasladan las liquidaciones del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), el ajuste fue relativamente más importante en 2024 (0,7% del PIB) que en 2025 (0,1%).

En segundo lugar, Fedea descontó en este estudio el efecto del ciclo económico sobre las cuentas públicas, distinguiendo los recursos que proceden del SFA de los que son exclusivos de cada Comunidad. Tanto en 2024 como en 2025, con economías regionales en expansión, las comunidades autónomas registraron ligeros superávits cíclicos, del 0,2% del PIB en ambos años.

También se eliminaron del saldo presupuestario las operaciones no recurrentes. Tanto para 2024 como para 2025, los ajustes por este concepto han sido mínimos y concentrados en el impacto de la DANA sufrida en Valencia.

Como resultado, tras realizar todos estos ajustes sobre el saldo presupuestario, Fedea obtuvo un saldo estructural de las comunidades del -1% del PIB en 2024 y del -0,6% del PIB en 2025.

Canarias fue la única región con una variación negativa, al pasar de un ligero superávit en 2024 a un déficit estructural del 0,4% del PIB en 2025. El mejor comportamiento se registró en Baleares, que del elevado déficit público estructural del 1,7% del PIB en 2024 paso a casi el equilibrio presupuestario en términos estructurales en 2025.

“En este contexto, una dinámica fiscal como la revelada por el déficit público estructural estimado es incompatible con la necesaria reducción del endeudamiento a la que se enfrentan la mayoría de las comunidades autónomas, sobre todo, cuando aspiran a financiarse de manera ortodoxa en los mercados de capitales”, advirtió Fedea.

Asimismo, esta situación tampoco les garantiza el suficiente margen fiscal para que en momentos recesivos del ciclo puedan adoptar las políticas fiscales expansivas o, al menos, de sostenimiento de rentas y de transferencias sociales en especie (educación y sanidad principalmente) propias de las comunidades autónomas.

Así, además de abogar por una reforma del sistema de financiación autonómica, Fedea también propuso que los gobiernos autonómicos adopten políticas fiscales prudentes, tanto en términos de gasto como de ingresos, sobre todo ante la restauración de las reglas fiscales.