La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) cree que la norma de reducción de la jornada laboral es “imperativa, intervencionista, rígida y sin transitoriedad” por lo que, si finalmente se aprueba, plantea medidas para mitigar sus efectos negativos, entre las que destaca la implantación de un plazo de tres años para su entrada en vigor, permitir crear bolsas de horas y recortar el tiempo de trabajo global mediante mecanismos como conceder más días de vacaciones al año.