Esta es una de las conclusiones de la actualización de una serie de artículos que Fedea está publicando en las últimas semanas y cuyo autor es el economista Ángel de la Fuente, con el fin de analizar las claves de la reforma de pensiones que el Gobierno ha ido aprobando en varias fases entre 2021 y 2023.

Según los cálculos de este estudio, el ahorro neto generado por estas medidas alcanzaría un punto de PIB a comienzos de la próxima década y se iría reduciendo después, convirtiéndose en negativo a partir de 2050. Su valor esperado en promedio durante el período 2022-2050 sería de medio punto de PIB.

Además, Fedea llama la atención sobre las “deficiencias” de la documentación técnica de la reforma de pensiones y sugiere que la nueva Agencia de Evaluación se encargue de filtrar las memorias de las leyes con mayor impacto presupuestario para asegurar una calidad mínima.

Las estimaciones que se presentan en el trabajo se basan en hipótesis todavía optimistas, aunque no tanto como las del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sobre la incidencia de la jubilación demorada, que alcanzaría el 100% en un plazo de 10 años con una demora media de 1 año (en lugar del 60% con una demora media de tres años, como supone el Ministerio).

“En cuanto a los efectos de la reforma del RETA, suponemos (como presumiblemente hace también el Ministerio), que la cotización media de los trabajadores autónomos se equipara gradualmente a la del régimen general en un plazo de 10 años, lo que podría ser difícil de conseguir dada la previsible resistencia de este colectivo a lo que supondría una fuerte subida de sus cotizaciones”, indica Fedea.

Según Fedea, si la reforma del RETA y los incentivos a la jubilación demorada funcionan tan bien como aquí se ha supuesto, lo que ciertamente no está asegurado, su rápido despliegue durante los próximos diez años se traduciría en apreciables incrementos de ingresos y reducciones de gasto que llegarían a tener un impacto neto positivo de algo más de un punto de PIB en 2032 y 2033.

A partir de ese momento, los ingresos se estabilizarían y los gastos comenzarían a crecer rápidamente hasta igualarse a los ingresos en torno a 2050. De ahí en adelante, el efecto neto de estos componentes de la reforma sería negativo, de acuerdo con las previsiones de este trabajo.

“Las medidas aprobadas mejorarán la situación financiera del sistema de aquí a 2050, que es cuando se espera una mayor presión sobre el mismo, al coste de empeorarla después, cuando se prevé que la situación sea más favorable y exista más margen para absorber los mayores costes”, agrega.

“Su efecto, por tanto, iría en la dirección correcta, pero es también muy incierto y podría no ser suficiente. Dejando de lado el (nada desdeñable) riesgo de que el éxito de las reformas sea menor de lo esperado, la cuestión es si el ahorro neto generado en la primera parte del período (medio punto de PIB en promedio entre 2022 y 2050) será o no suficiente para evitar que el déficit del sistema de pensiones se dispare en las próximas décadas en ausencia de medidas adicionales”, concluye.