Fedea valora que el paquete aprobado por el Consejo de Ministros recupera de forma temporal algunas de las medidas de contención ya utilizadas durante la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, como la reducción de tipos impositivos o el refuerzo del bono social.

A su juicio, estas actuaciones "contribuyen a aliviar el impacto del aumento de precios sobre los hogares y a moderar la inflación", pese a que no se discrimina en función de la renta y atenúan las señales de precios que podrían favorecer un menor consumo energético.

El ‘think tank’ también se muestra partidario de la introducción que se hace de “reformas relevantes para abordar problemas estructurales del sector eléctrico, en particular en materia de acceso y conexión a la red, planificación de infraestructuras y despliegue de renovables y almacenamiento”.

En el ámbito del despliegue de las energías renovables, la fundación destaca como positivo del decreto que incorpora las denominadas zonas de aceleración renovable (ZAR) y simplifica determinados procedimientos administrativos.

Asimismo, ve bien las medidas para impulsar el almacenamiento, en particular el bombeo hidráulico, al ampliar la vigencia de los permisos de acceso y declarar su utilidad pública, así como la introducción de nuevos instrumentos para fomentar la descarbonización industrial, como los contratos por diferencia de carbono a través del Fondo para el Impulso de la Descarbonización Industrial.

"DISCRECIONALIDAD"

Como objeciones, el laboratorio de análisis observa en el decreto “elementos de preocupación” en el nuevo marco regulatorio. En particular, considera que la introducción de la categoría de proyectos “de alta prioridad” y, dentro de ella, de los proyectos estratégicos definidos por la Administración, puede abrir la puerta a una asignación discrecional del acceso a la red que podría distorsionar la competencia.

“La posibilidad de otorgar preferencia en el acceso a determinados proyectos por su carácter supuestamente estratégico supone, en la práctica, un cambio respecto al principio de prelación temporal y a los mecanismos de concurrencia competitiva existentes hasta ahora e implica, a su juicio, utilizar el acceso a la red como instrumento de una política industrial intervencionista”.

En relación con los centros de datos, el decreto anticipa la creación de un régimen específico de acceso y conexión que podría incorporar requisitos vinculados al origen renovable de la electricidad consumida, la eficiencia energética, el uso del agua o la contribución a la soberanía digital. Fedea desaconseja esta aproximación, al sostener “que introduce criterios ajenos al procedimiento de acceso a la red y que podrían generar un tratamiento diferenciado entre tipos de consumidores sin una justificación clara desde el punto de vista regulatorio”.

Para Fedea, la "discrecionalidad en la asignación de un recurso escaso como es el acceso a la red eléctrica no suele resultar aconsejable dada la dudosa capacidad de los Gobiernos para elegir ganadores mejor que los mercados".