Así se desprende del documento 'Propuesta para adaptar el marco español a la nueva gobernanza de la Unión Europea (UE)', elaborado por Diego Martínez (Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador asociado a FEDEA), Fernando González (técnico comercial y economista del Estado) y Pablo Porrero (Universidad Pablo Olavide de Sevilla).

El estudio señaló que ambas conferencias sectoriales perdieron hace tiempo “su capacidad operativa para llegar a acuerdos”. Además, en el caso del CPFF, denunció que se ha convertido en “una cámara de resonancia del ruido político, sin debate técnico”, que sólo sirve para validar “acuerdos políticos alcanzados al margen de su ámbito de actuación”.

Fedea también propuso nuevos organismos para cumplir con una verdadera gobernanza fiscal. Así, en el caso de las comunidades autónomas, abogó por una reactivación de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, con competencias ampliadas y mayor dimensión legislativa, son adecuadas para ello.

A esa propuesta de carácter más político, añadió un cauce técnico, que implicaría replicar el marco existente a nivel europeo, con grupos de trabajo en el ámbito de Contabilidad Nacional (Eurostat) o políticas fiscales. Para su composición, Fedea recalcó que la Administración cuenta “con personal técnico de la suficiente competencia técnica para conseguir avances útiles”.

En el caso de las entidades locales, el documento planteó que la gobernanza podría gestionarse de manera conjunta con las comunidades autónomas, de manera que se contaría con mejor información y una gestión más acertada por los municipios.

“Este alineamiento de las comunidades autónomas con el Estado dotaría de credibilidad al ejercicio de supervisión, advertencia, corrección o, en su caso, penalización de la disciplina fiscal local”, agregaron Martínez, González y Porrero en su estudio.

ADAPTACIÓN AL MARCO EUROPEO

El estudio de Fedea también expuso dos alternativas para adaptar la gobernanza fiscal española al nuevo marco europeo de reglas fiscales aprobado en abril de 2024.

Una de ellas consiste en estimar para cada comunidad autónoma el déficit máximo compatible con una trayectoria de reducción de deuda hacia un valor de referencia del 13% del PIB, de manera que se puedan utilizar distintos ritmos de convergencia y escenarios.

La segunda define una senda de gasto autonómico vinculada al crecimiento tendencial de los ingresos no financieros. Las sendas de ingresos y de gasto permitido derivados de esta metodología muestran un claro comportamiento anticíclico, según Fedea.

En el caso de las entidades locales, el eje de la propuesta es mantener el grueso de la normativa ahora recogida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a la vez que se introducen mejoras en la base de cálculo del gasto de referencia a efectos de la regla de gasto.

Asimismo, los autores de la propuesta instaron a estudiar fórmulas financieras para canalizar remanentes de entidades locales superavitarias hacia otras en elevado riesgo financiero, y reforzar la colaboración entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas con competencias de tutela financiera.