Así se desprende de la tribuna de opinión escrita por la presidenta de Fedeca, Ana Ercoreca, en la que hizo un “llamamiento sereno” a la reflexión y al balance colectivo.

Ercoreca insistió en que la normalidad democrática “no es un concepto abstracto”, sino que se levanta sobre” el respeto a los procedimientos parlamentarios, la estabilidad del marco legislativo, la aprobación en tiempo y forma de los presupuestos públicos y el uso responsable de los instrumentos jurídicos previstos por nuestro ordenamiento”.

“La excepcionalidad puede ser necesaria en momentos puntuales, pero no puede convertirse en rutina sin erosionar la confianza institucional ni debilitar la seguridad jurídica que demandan ciudadanos, empresas y Administraciones”, puntualizó.

Las alusiones a la aprobación de los presupuestos coinciden con una nueva prórroga de las cuentas públicas de 2023, que estarán vigentes en 2026, a la espera de que el Gobierno presente y consiga aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Como presidenta de la Federación de los altos funcionarios, Ercoreca también destacó “el papel de los empleados públicos y de los órganos de la Administración del Estado”, que sirven “con objetividad, profesionalidad e independencia al interés general”.

Por esto, instó a dejar al margen “dinámicas de intercambio político o coyuntural” o negociaciones que comprometan “su estabilidad o neutralidad”. “Reiteramos nuestro compromiso con una Función Pública basada en los principios de mérito, capacidad, objetividad e independencia”, agregó.

Ercoreca también alertó de las consecuencias de tensar los equilibrios institucionales, con su consiguiente repercusión para los ciudadanos, y reivindicó “una Administración fuerte, profesional y cohesionada, capaz de dar respuesta a los problemas reales de la sociedad con continuidad y rigor técnico”.

La presidenta de Fedeca deseó un 2026 en el que se instale “un clima de estabilidad democrática y legislativa”, con un refuerzo de los valores constitucionales y una consolidación de la Administración “al servicio del interés general”.