Así lo defendió en un comunicado en el que se mostró convencida de que la renovación de las medidas sería también “una oportunidad” para aplicar una reforma al bono social que “amplíe su cubertura y eficacia”.

Tras advertir de que el fin de estas ayudas “significará una importante reducción en el número de potenciales beneficiarios”, recordó que, según datos del último informe publicado por el Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA), estas medidas extraordinarias redujeron la factura un 4,9% para el 1% de hogares más vulnerables, mientras que para el 1% más rico, esa reducción fue tan solo del 0,1%.

“Esto es todavía más grave teniendo en cuenta que nos encontramos en un contexto en el que el coste de la vida es cada vez más elevado a raíz de la inflación, los precios de bienes y suministros básicos son desorbitados y son cada vez más los hogares españoles en situación de vulnerabilidad energética”, sentenció.

A este respecto, aseveró que su fin “supondrá la vuelta a los umbrales de renta establecidos en 2017, que no cubren ni por asomo a todas las personas que deberían contar con una protección por parte de la administración”.

En este punto, puso como ejemplo que, en el caso de una familia con dos personas adultas y dos menores a cargo, “se pasará de un umbral de 26.040 euros a 23.520 euros de renta anual de la unidad familiar”.

“Se regresará también a los porcentajes de descuento en la factura anteriores a la pandemia, que pasarán del 65% al 25% para los consumidores vulnerables y de 80% a 40% en el caso de las personas vulnerables severas”, agregó.

BONO SOCIAL ELÉCTRICO

En paralelo, subrayó que, a pesar de la extensión que ha supuesto el escudo social, “apenas” el 8,3% de los hogares está acogido al bono social eléctrico frente al 14,3% que tiene “dificultades” para mantener su vivienda a una temperatura “adecuada”, de acuerdo con datos de Eurostat.

En este sentido, la responsable de energía de CECU, Soledad Montero, afirmó que la “urgente” renovación de estas ayudas extraordinarias constituye “una oportunidad para ampliar su eficacia y cobertura” a través de una “reforma” del bono social eléctrico que “priorice el criterio de renta”.

En concreto, para la federación, dicha reforma debe estar “encaminada” a facilitar el procedimiento de solicitud y concesión, de manera que esta sea automática “al menos para los hogares más vulnerables”.

Junto a ello, debe “reforzar” los criterios de renta, “especialmente” en un contexto de inflación “mantenida y generalizada” como el actual, para “evitar restringir aún más el acceso al bono social eléctrico para hogares y familias en situación de vulnerabilidad energética”.

Además, urgió a revisar los criterios de concesión, de manera que en todos los casos se incluya un criterio de renta, “aunque este pueda modularse en función de la composición del hogar” y a mantener de forma “permanente” la prohibición de cortes de suministro a los consumidores vulnerables y vulnerables severos.