Así se expresó durante su comparecencia en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, en la que aprovechó para recordar la destacada labor que, a su juicio, desempeñan las autoridades locales en el ámbito de la seguridad vial.

Gallego se mostró favorable a la introducción de castigos con penas de prisión de 3 a 6 meses y, en su caso, trabajos en beneficio de la comunidad, para quienes conduzcan vehículos a motor o ciclomotores con tasas de alcohol superiores a un gramo por litro de sangre.

Además, se castigará a estas personas con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de entre 1 y 4 años.

Otra de las conductas que Gallego calificó de "incívicas" y que, a su parecer, deben ser tipificadas como delito en el Código Penal, es la conducción a velocidades excesivas.

Concretamente, la redacción propuesta para este punto contempla castigos con pena de prisión de 3 a 6 meses y, en su caso, trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días y, en cualquier caso, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo superior a uno y hasta cuatro años, a quien conduzca un vehículo a motor excediendo en 60 kilómetros por hora el límite de velocidad reglamentariamente establecido.

No obstante, apuntó que se puede establecer una cifra única independientemente de la vía de la que se trate, o bien diferenciar los límites en función del tipo de vía urbanas o interurbanas.

Por último, valoró las posibilidades que, a su juicio, presenta el permiso de conducir por puntos, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, por considerar que "penalizará al conductor que continúe conduciendo tras haber sido privado del permiso de conducir".