Esta decisión llega después de que el ministerio que dirige Pablo Bustinduy abriera un nuevo expediente sancionador el pasado martes a una agencia inmobiliaria que opera a nivel nacional por posibles prácticas abusivas contra los inquilinos como exigirles pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratar servicios no solicitados por los mismos.

Desde el ministerio señalaron que la vivienda "es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la ley. Por tanto, todas las iniciativas anteriormente mencionadas se enmarcan en el objetivo de proteger el derecho de acceso a la vivienda como acción prioritaria del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de proteger los derechos de las personas consumidoras".

En esta misma línea y para garantizar que se cumple con la normativa, FAI trasladó hoy su intención de habilitar instrumentos de supervisión, promovidos por una comisión mixta formada por administraciones, organizaciones de usuarios, notarios y las propias agencias inmobiliarias. Algunas de estas propuestas también han sido trasladadas formalmente al Ministerio de Vivienda.

El presidente de FAI, José Marí Alfaro, recalcó que aunque el acceso a la vivienda es uno de los derechos fundamentales que debe garantizarse a toda la ciudadanía, “en la actualidad hay desafíos profundos y estructurales que requieren de una respuesta urgente por parte de la administración pública contando con las voces y propuestas técnicas del sector”.

Asimismo, aclaró que “las decisiones de comprar, vender o alquilar un hogar no son simplemente transacciones inmobiliarias, sino que son decisiones trascendentales en la vida de las personas, por lo que hay que seguir trabajando para contar con diferentes herramientas que faciliten poder asesorar bien a los consumidores”.