El magistrado había cerrado ya la operación el año pasado, al considerar que no existía en ella ningún delito penal, pero se vio obligado a abrirla de nuevo cuando algunas de las partes personadas en la causa, entre ellas el Consejo Superior de Deportes, recurrieron ante la justicia, que respaldó el trabajo de Serrano pero que le pidió que investigara si pudo existir algún riesgo para la salud de los deportistas por los efectos de la EPO y las trasfusiones de sangre.

Para llevar a cabo esta investigación, el juez pidió un informe médico al Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, del que deduce que los niveles de EPO hallados en la sangre de los deportistas no perjudican su salud.

El presidente de la Federación de Medicina Deportiva dijo a Servimedia que entiende la decisión del magistrado de archivar el caso, por la dificultad que supone "plasmar legalmente las consecuencias del dopaje", pero reconoció que resulta "penosoque una vez que se descubre una circunstancia como ésta se quede finalmente en nada".

Por este motivo, continuó Manonelles, "las organizaciones médicas vamos a estar mucho más vigilantes ante estas circunstancias y a lo mejor tenemos que decir algo más contundente con independencia de la justicia, porque el almacenamiento de la sangre no es un procedimiento que deba realizarse, como se hizo en este caso".

Por último, el doctor Manonelles se mostró pesimista con respecto a la desaparición del dopaje en el deporte, porque, aseguró, "ha existido siempre" y seguirá existiendo, ya que "la ambición por el dinero lleva a buscar métodos de mejora (del rendimiento deportivo) que no siempre son legales".

En este sentido, el presidente de la Federación Española de Medicina Deportiva consideró que los medios que se están poniendo actualmente para luchar contra el dopaje en el deporte son buenos y no creyó que se pueda hacer mucho más para superarlos. "Se ha llegado a un nivel de control de los deportistas difícil de superar", concluyó.