En una declaración sin preguntas en Figueruelas (Zaragoza), el jefe de la oposición señaló que “la irresponsabilidad” del Gobierno “es tan descomunal” que, en su opinión, ha impulsado esta regularización para “desviar la atención” de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), donde han fallecido 46 personas. “Una cortina de humo”, dijo, “y, por lo tanto, es inhumano e indecente”.

Feijóo considera que la regularización masiva –que, según su estimación, podría alcanzar a 850.000 personas por el derecho a la reagrupación familiar– va “en contra de la normativa europea” y “de la legitimidad que tiene el Congreso y las Cortes Generales para debatirlo y aprobarlo”, además de provocar un “efecto llamada”.

El líder del PP defendió que “el Gobierno no puede regalar la residencia legal a cualquier persona” con “una alfombra roja para convertir la ilegalidad en una forma de residir en nuestro país”, sino que “las regularizaciones han de ser individualizadas, caso a caso, y condicionadas”.

En segundo lugar, sostuvo que “el contexto actual” hace que esta decisión sea “doblemente irresponsable”, ya que, a través de la llamada ‘ley de nietos’, alrededor de 2,3 millones de extranjeros solicitaron en los plazos previstos por la legislación la nacionalidad por ser nietos de españoles exiliados o hijos de españoles que perdieron la nacionalidad.

Feijóo remarcó que, “no puede ser que de forma simultánea” a esta disposición de la Ley de Memoria Democrática, se “incorpore también con un permiso de residencia a más de 850.000 personas que están de forma irregular”. En este sentido, señaló que el porcentaje de población de origen inmigrante es ya “del 20%” y que, “desde que gobierna Sánchez, la población inmigrante se ha incrementado en un 685%”.

“Dar vía libre a esto. en este contexto, es una irresponsabilidad”, dijo. Sánchez “no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la ley de nietos en más de 2 millones de personas, y con la regularización de la inmigración irregular de más de 800.000 personas”, remató.

No obstante, cabe remarcar que las personas regularizadas no tendrían derecho a voto hasta conseguir la nacionalidad española, y ese trámite no lo podrían iniciar hasta acumular 10 años de residencia en España –aunque existen supuestos concretos que reducen el plazo hasta los dos–. En las municipales, en cambio, sí podrían votar a los cinco años de residir en España y sin nacionalidad. Sea como sea, Feijóo reclamó al Gobierno que someta la regularización masiva a votación del Congreso.