“No estamos en contra de que un nieto que acredite el parentesco pueda tener la nacionalidad española. Lo que sí estamos en contra es que esto sea un trágala con nocturnidad y alevosía”, dijo esta mañana en su intervención en los cursos de verano organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander.

El jefe de la oposición clarificó así su posición en un debate candente por su posible impacto electoral. El PP defiende el derecho de los nietos de españoles a acceder a la nacionalidad cuando acrediten debidamente su parentesco, como recogía su programa electoral de 2023. Pero considera que deben acreditar debidamente su derecho al pasaporte español, y sostiene que el Ejecutivo debe elaborar una memoria económica que estime el impacto presupuestario de las nacionalizaciones.

Feijóo denunció que el procedimiento diseñado por el Ejecutivo parte, a su juicio, de “un vicio de legalidad” al regirse por una instrucción que, según sostuvo, reinterpreta la propia Ley de Memoria Democrática aprobada por el Congreso y amplía los supuestos de nacionalización a todos los descendientes de españoles, independientemente de si hubo exilio político o no y llegando incluso a los “tataranietos”.

El líder del PP deploró también que la oposición no tiene “ninguna información” de cómo avanza el proceso. Es más, Feijóo dijo que ha sabido por terceros que el número de solicitudes alcanza los 2,6 millones de peticiones y que el Grupo Palco, una empresa que vinculó al régimen cubano, es quien apoya la tramitación de los expedientes en el consulado de La Habana.

Por otra parte, señaló que es “elemental” que se fije un criterio para determinar en qué circunscripción van a votar todos los beneficiarios. En su opinión, no tiene “un pase” que sea el Gobierno el que elija en qué provincia censar a los nacionalizados si no recuerdan de “dónde es su bisabuelo”.

“Creo que aquí ha habido y está habiendo mucha arbitrariedad, ninguna seguridad, ninguna transparencia y muy pocas garantías”, lamentó Feijóo. “Este tipo de cuestiones necesita, primero, respaldo legal adecuado y suficiente; segundo, pulcritud en la exigencia de requisitos, en la inspección y en el visado de los mismos; y tercero, una memoria económica adecuada para saber exactamente qué es lo que estamos haciendo. Y nuestro posicionamiento es un posicionamiento, en mi opinión, lleno de sentido de Estado”.

SERVICIOS PÚBLICOS

Feijóo hizo especial énfasis en el impacto presupuestario e insistió en que se debe “parar” la ‘ley de nietos’ para “ver el impacto económico que supone”. En este sentido, subrayó que “dar el pasaporte a un ciudadano que no conoce España y que nunca ha venido a España es darle la tarjeta sanitaria, el cheque educativo, el derecho a una pensión no contributiva y los derechos que tienen los españoles que han cotizado y trabajado en nuestro país durante muchas décadas”.

El líder del PP advirtió de que las 2,6 millones de solicitudes vinculadas a la llamada ‘ley de nietos’, sumadas a los procesos de regularización migratoria, pueden tensionar los servicios públicos hasta un nivel que España “no está preparada para atender” con la “dimensión” actual de la sanidad, la educación, los servicios sociales y las infraestructuras.

Además, remarcó que incorporar a “7 u 8 millones de ciudadanos en siete años no hay país que lo resista desde el punto de vista social, desde el punto de vista de bienestar y desde el punto de vista cultural”.