El jefe de la oposición recupera así la ofensiva por la vivienda vinculándola a la financiación autonómica, que está en el centro de la polémica por el acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Su modelo establece el principio de ordinalidad solo para Cataluña, a lo que el PP se opone frontalmente.

“Son dos formas muy distintas de gestionar el dinero de todos. Sánchez condiciona la financiación a su bienestar personal en Moncloa. Yo me comprometo a vincularla al incremento del número de viviendas que se hagan en los ayuntamientos y en el conjunto de las comunidades autónomas”, señaló en un acto en Barcelona, donde reunió a su Comité de Dirección y subrayó que “es inaceptable que Pedro Sánchez haya rehabilitado a Junqueras como ministro de Hacienda en la sombra”.

Feijóo reunirá este domingo en Zaragoza a los presidentes autonómicos del PP para abordar la propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Hasta la fecha, los populares se han limitado a acordar una serie de principios para reformar un sistema que lleva caducado desde 2014, es decir, 12 años.

Su modificación es peliaguda. No solo por la propuesta que beneficia a Cataluña, sino por la disparidad de reclamaciones de las autonomías. Por ejemplo, Madrid y Comunidad Valenciana coinciden con Cataluña en que las variables poblacionales, como la sanidad o la educación, tengan un mayor peso en el nuevo cálculo de la población ajustada, que es la referencia para el reparto de la mayor parte de los recursos públicos, aunque rechazan el principio de ordinalidad que sí comparte Baleares.

En las antípodas de estos planteamientos se encuentran los territorios que suscribieron en 2021 la ‘Declaración de Santiago’, un pacto liderado por el propio Feijóo como presidente de la Xunta de Galicia y al que se adhirieron Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla y León, Asturias y Castilla-La Mancha.