Feijóo redobló sus críticas a Sánchez por el desarrollo de la cumbre y quitó responsabilidad a sus presidentes autonómicos, de quienes celebró que presentaron en Cataluña “un proyecto de país”. Todos los barones del PP reclamaron elecciones a Sánchez. El protagonismo se lo llevó la dirigente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien protagonizó un encontronazo con la ministra de Sanidad, Mónica García, y abandonó la reunión cuando sus homólogos en Cataluña y País Vasco, Salvador Illa e Imanol Pradales, intervinieron en catalán y euskera, respectivamente.

Sin embargo, para el líder del PP la Conferencia de Presidentes fue “la mejor muestra de que el Gobierno no sirve” y de que Sánchez es un presidente “con más soberbia que capacidad para dar ninguna solución”. En este sentido, afirmó que es “difícil” que, con 14 puntos en el orden del día, “no se llegue a un acuerdo parcial de mínimos” o “una recomendación”.

Feijóo no se pronunció sobre la polémica de los pinganillos y se centró en retratar a un Sánchez que tiene como “único proyecto capear el siguiente escándalo” de su Gobierno, partido o entorno, “y aguantar unas semanas más” en la Moncloa. Además, le recriminó que lleve “36 días” sin responder a preguntas de la prensa ni comparecer para aclarar el caso de Leire Díez, la ‘fontanera’ del PSOE que intentó hacerse con material sensible de dirigentes de la UCO, fiscales y jueces.

“Llevo muchas Conferencia de Presidentes, más de 20, pero nunca vi un disparate como el de ayer”, resumió en un mitin en Santander. El jefe de la oposición lamentó que no se pudiera tratar “nada” del déficit sanitario ni de la gratuidad de las guarderías, y aseveró que “el proyecto sanchista es un proyecto contra España”.

Por ello, prometió “una limpieza total” con doble dosis del “detergente” de “honestidad y urgencia”, e hizo suyas las propuestas elevadas por los presidentes del PP a la Conferencia de Presidentes: un nuevo sistema de financiación autonómica consensuado “entre todos”, que el control de fronteras sea una competencia “exclusiva” del Estado y que la política de vivienda sea “clave” en el rumbo de las políticas del Gobierno con rebajas fiscales y la lucha contra la ocupación ilegal.