Así se pronunció durante su intervención en el acto de clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells que los populares celebran en Castellón, donde Feijóo insistió en que tanto la nacionalización de descendientes de españoles exiliados como la regularización de migrantes deberían haberse llevado a cabo con un "amplio consenso" y un "debate sosegado".

Muy duro durante su comparecencia, el líder de los populares entró en esta polémica planteando que el Gobierno "nunca actúa por el bien de los demás" y que "siempre hay una intención" y un "interés detrás". Y puso como ejemplo, en primer lugar, la "nacionalización masiva y la alteración del censo". Según dijo, ningún español cree que haya "buena fe" en ello. Y denunció que es "irresponsable" tomar decisiones "de este impacto" sin diálogo ni acuerdos con el resto de los partidos.

Cuestionó que estas nacionalizaciones se decidan mediante una instrucción del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes firmada por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, y que, según afirmó, permita "otorgar 2,6 millones de pasaportes españoles".

Al mismo tiempo, se preguntó si mediante un real decreto se puede "regularizar aquello que es irregular". También criticó que el Ejecutivo hablara inicialmente de medio millón de beneficiarios y que ahora cifre esa cantidad en 1,3 millones. Además, volvió a denunciar que la medida se aplique "en contra" de lo que se votó en el Congreso y en el Senado.

Por ello, elevando el tono, insistió en que es "irresponsable", al igual que "negarse a transparentar" cómo se están ejecutando unas decisiones que, espetó, "son irreversibles".

"CAMBIOS SOCIALES"

Para Feijóo, la ciudadanía o la nacionalidad son la "expresión más honda" de la relación entre un ciudadano y un Estado, por lo que reiteró su exigencia de que estos procesos se lleven a cabo con "limpieza y sin arbitrariedad". Asimismo, fue más allá al tachar también de "profundamente irresponsable" que se "impulsen cambios sociales de esta dimensión sin planificación".

Aquí aprovechó para introducir un nuevo término tras varios días hablando de "ingeniería electoral", pasando a referirse a "ingeniería social". Y lo justificó dando varias cifras relacionadas con el actual Gobierno. Así, recordó que, desde 2018, en España ha aumentado en cuatro millones el número de personas nacidas en el extranjero, a las que habría que sumar los 1,3 millones que "están incorporando de forma inmediata" con la regularización y los 2,6 millones de la 'ley de nietos', sobre la que apuntó que se trata de "tataranietos, no solo de nietos". Casi ocho millones de personas, por lo que preguntó: "¿Alguien ha preparado al país para esto?". Y respondió él mismo: "Está claro que no".

De este modo, zanjó su intervención sobre esta polémica mostrándose "convencido" de que "esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes". Durante su intervención sostuvo que estas medidas pueden tener efectos sobre el censo electoral, pese a que no todos los nuevos ciudadanos tendrían derecho al voto.

Asimismo, insistió en su advertencia de que "el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son ocho millones de personas más". "No tenemos capacidad financiera ni recursos adecuados para gestionarlo", sentenció.